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domingo, 28 de diciembre de 2008

DISTRIBUCION DEL INGRESO EN ARGENTINA


El increíble subibaja de la distribución del ingreso en la Argentina
60 AÑOS EN EL TOBOGAN
Dos destacados expertos en crecimiento y participación salarial en el producto analizan cómo se desbarrancó con los gobiernos militares y el de Menem, y el papel de la política y el Estado para revertir esa tendencia.
Por Jorge Halperín
Aun con las etapas de crecimiento de la economía y elevada equidad distributiva de los primeros gobiernos peronistas, en los últimos sesenta años la Argentina creció apenas a un promedio del 1,1 por ciento, superando en la región únicamente a Bolivia y Venezuela. Los golpes militares, el gobierno de Carlos Menem y la crisis de 2001 demolieron la participación de los trabajadores en la riqueza hasta llevarla al piso histórico del 20,92 por ciento en 2003. Desde entonces se inició una recuperación de los porcentajes que nunca fue paralela a las altas tasas de crecimiento de la economía. Es lo que muestra el informe Distribución del ingreso en Argentina 1950-2007, encargado por Hugo Quintana, secretario general del gremio del Personal de Organismos de Control (APOC), a los economistas José Manuel Alfonsín y Edgardo Tarallo, que destacan que en los últimos 60 años el PBI creció en promedio sólo 1,1, y en los últimos 18 la equidad retrocedió más que en el resto de América latina.
– ¿Por qué APOC pidió este trabajo?
Hugo Quintana: –Para que se acaben los discursos y podamos poner negro sobre blanco qué parte de la riqueza se llevan los trabajadores. Desde luego que partimos de una preocupación. De cualquier manera, este material es parte de un proyecto de estudio, que también incluyó temas como el estado del Riachuelo, los accidentes viales, y distintos tópicos que tienen que ver con la calidad de vida de los argentinos.
– ¿Por qué eligieron analizar los últimos 60 años?
Edgardo Tarallo: –Porque el período económico de mayor frustración para la Argentina tiene lugar a partir de la Segunda Guerra Mundial. El crecimiento promedio del PBI per cápita de la Argentina entre 1950 y 2000 fue del 1,1% por año. Tomando los mismos 60 años, en América latina, sólo Bolivia y Venezuela crecieron a un promedio inferior. En cambio, siempre en el mismo período, México, Brasil y Chile crecieron al doble que nuestro país.
–Pero también en algunos tramos de ese período alcanzamos los mejores momentos en la distribución del ingreso...
José Manuel Alfonsín: –Los mejores y los peores. Efectivamente, hacia 1950 se alcanzó el punto de mayor equidad histórica, el 50 por ciento de la riqueza para los trabajadores. Y hacia 1974 también se volvió a dar una participación muy elevada. Pero, en estos 60 años la evolución fue muy inestable, y la participación de los trabajadores fue descendiendo bruscamente hasta bajar a su mínimo en 2003, con un 20 por ciento, para recuperarse en estos últimos años, pero sólo en forma leve. Hacia 1974, la población del Gran Buenos Aires por debajo de la línea de pobreza no pasaba del 5 por ciento. En 2002, los pobres llegaban al 53 por ciento.
–En los últimos cinco años, según algunos indicadores, se crearon más de 3 millones de puestos de trabajo, pero fueron años muy deprimidos en términos de participación salarial.
E. T.: –No obstante, hubo una leve suba; que si bien responde en parte al cambio de metodología oficial en el cálculo del indicador, en la serie homogeneizada elaborada en el trabajo completo, se detecta esta progresión.
– ¿Qué factores dispararon en su momento el alza de la participación de los asalariados en la riqueza general y qué factores la deprimieron?
E. T.: –Creo que lo que impulsa hacia arriba o hacia abajo la participación de los asalariados tiene que ver principalmente con decisiones macroeconómicas. Las políticas que dicta el Estado nacional gravitan decisivamente sobre la distribución del ingreso. El éxito o el fracaso de la regulación macroeconómica incide en el nivel de actividad y en el empleo. Los regímenes sectoriales y la regulación de los mercados forman el sistema de incentivos que orientan la inversión, y esto tiene consecuencias sobre la demanda de trabajo y los salarios que se pagan. Y la política fiscal, por su lado, tiene enormes repercusiones en la distribución, a favor o en contra. Hasta allí el Estado. Pero no es válido atribuir a la política económica toda la responsabilidad en la distribución del ingreso. Pesan en forma crucial las decisiones que toma el sector empresario.
–Hoy sabemos que el nivel de actividad puede ser altísimo y esto de ninguna manera reflejarse en una alta participación de los trabajadores en la riqueza general...
J. M. A.: –En ese sentido, el caso argentino es un fenómeno de literatura económica. Especialmente cuando en los últimos años se han observado tasas de crecimiento elevadas y sostenidas del 8 o 9 por ciento y, paralelamente, un cuadro muy deteriorado en la distribución del ingreso. Pero, como dijimos, no todo es achacable a las políticas gubernamentales.
–No siempre fue así. Hasta cierto momento de su historia, si la Argentina crecía mejoraba la participación salarial...
J. M. A.: –Exacto. Pero en esta última etapa, comparado con guarismos de Latinoamérica, se ve que crecimos a tasas muy superiores al resto de los países, y, no obstante, se ha perjudicado la distribución del ingreso, ubicándose muy por debajo de países con economías mucho más débiles. Hacia 1990, en nuestro país sólo el 18 por ciento de la población estaba bajo la línea de pobreza, era el más equitativo de la región. A fines de los ’90 ya ocupaba el cuarto lugar en equidad. En 2002 ya había descendido al octavo puesto y muy pocos países lo superaban en desigualdad. Esto tiene que ver también con una decisión empresaria de acompañar o no políticas laborales e incluso de fomentar o incentivar la reinversión del excedente bruto de producción. Es eso lo que genera que haya más participación laboral, por ende, mayor venta y mayor producción.
– ¿Cómo relacionamos los distintos gobiernos de este medio siglo con la forma en que evolucionó la distribución del ingreso?
J. M. A.: –Nosotros dividimos ese largo período en dos etapas claramente diferenciadas por el porcentaje de participación de los asalariados. El primer período lo marcamos entre 1950 y 1974, y en él la participación promedio del asalariado se ubicó en el 44,5 por ciento del PBI. La segunda fase arranca en 1975 y se prolonga hasta hoy, con un porcentaje promedio que no pasa del 29,19 por ciento.
–¿El hecho de que uno pueda asociar a gobiernos peronistas con los períodos más altos para los asalariados y a las dictaduras con los más bajos indica la fuerza que tienen las decisiones políticas en el alza o baja de la participación de los asalariados?
J. M. A.: –Sí, bueno, hay que tomarlo con precauciones. Efectivamente, fue durante gobiernos peronistas que se alcanzaron los niveles más altos, y los gobiernos militares en general hicieron bajar la participación de los trabajadores. Pero también fue durante gobiernos peronistas que la participación cayó bruscamente. Recordar el “rodrigazo”, los años de Menem, si bien más marcados por el desempleo que por la baja salarial, y esta última etapa “peronista”, bien que condicionada por las secuelas de la crisis terminal del gobierno de De la Rúa.
E. T.: –Está claro que en la primera presidencia de Perón la participación de los trabajadores oscilaba en valores cercanos al 50 por ciento hasta que su derrocamiento por la Revolución Libertadora trajo un descenso brusco de la situación de los trabajadores. Incluso, Perón había sorteado una crisis económica generada en el campo. Pero, ya instalada la Libertadora, entre los ajustes que aplicó perjudicando a los asalariados y el contexto internacional en ese momento desfavorable para nuestro comercio exterior, la participación laboral cayó. Se debió claramente a políticas como el congelamiento de los salarios y las medidas antiinflacionarias, que, encima, fracasaron. Cuando asume Frondizi comienza una leve recuperación que vuelve a interrumpirse al ser derrocado en 1962. Hay una crisis económica y se llega a implementar el pago de salarios con los bonos 9 de Julio, ideados por el ministro Alvaro Alsogaray.
–Entiendo que Arturo Illia va a mejorar la situación de los asalariados...
J. M. A.: –Sí, hay una fuerte recuperación y se vuelve a valores similares a los que había antes de la crisis, alrededor de un 45 por ciento. Esto lo consigue Illia aplicando políticas activas, como la sanción de la Ley del Salario Mínimo, Vital y Móvil, y la Ley de Abastecimiento, dirigida a controlar los precios de la canasta familiar y así preservar el salario real.
–Imagino que todo se retrotrae con Onganía y los siguientes gobiernos militares...
J. M. A.: –No. Se mantiene con oscilaciones una participación relativamente considerable hasta que la vuelta de Perón va a consumar la gran recuperación del ingreso de los trabajadores, que fue de un 6 por ciento y llevó en 1974 al 48,46 por ciento de la riqueza general. Y ése fue el último año en que la lucha por la distribución de la riqueza despertaría un evidente interés en las políticas gubernamentales. A la muerte de Perón, ya el gobierno de Isabel aplica un brutal ajuste para conjurar la crisis caracterizada por la inflación y la depresión económica. Eso se agrava con los gobiernos militares que le siguen, con indiscriminada apertura comercial y financiera que destruye sectores de la industria, creando desocupación, y con congelamiento salarial en un contexto de fuerte inflación.
E. T.: –Tal fue la caída que al final de los gobiernos militares, hacia 1982, la participación de los asalariados había descendido al 22,6 por ciento.
–Vuelta la democracia, a juzgar por los trece paros generales que el sindicalismo le hizo a Alfonsín, la situación de los trabajadores no mejoró mucho...
J. M. A.: –Sí, mejoró considerablemente. Alfonsín remonta un 8 por ciento la participación de los trabajadores y la eleva a un 30. Hay un período (1987-1993) en que se carece de datos confiables por la fuerte inestabilidad que sufrió la economía, pero es evidente que, con el desempleo como variable de ajuste, después del ’93 hay una profunda tendencia a la baja en la participación de los asalariados, que, con alguna oscilación, se extiende a toda la década del ’90. Fue uno de los graves efectos de la desindustrialización. La larga recesión a partir del ’98 y la caída del 2001 agudizaron el derrumbe hasta que en 2003 se tocó el mínimo histórico –los trabajadores se llevaron el 20,9 por ciento de la riqueza–, para comenzar un leve repunte hasta la actualidad.
– ¿Esta contradicción que señalamos antes de una economía creciendo a tasas muy altas pero con baja participación salarial se debe a que el punto de partida de la recuperación, que fue el 2003, era el más bajo históricamente, o es porque el Estado de Bienestar no se ha reconstruido?
H. Q.: –El caso español es emblemático de una tendencia mundial. España tiene diez años seguidos de bonanza, con el ingreso a la Unión Europea, sus fábricas y el crecimiento sostenido. Fueron diez años importantes, pero España continúa teniendo la misma cantidad de pobres que hace una década. Es decir, la política económica y la política social fueron por caminos diferentes. En la Argentina hay salarios en el ámbito municipal provincial que no pasan de 200 o 300 pesos. Esto crea una nueva categoría, los trabajadores pobres, porque gana lo mismo una persona que trabaja que una que tiene un plan social. Yo no creo que el gobierno provincial sea tan perverso que no les gira plata a los municipios, pero hay que rediscutir el sistema distributivo en la Argentina. Creo que, a partir de estos datos, el movimiento obrero organizado debe plantear que, si vamos a una concertación en serio, debemos partir de lo siguiente: en este país los trabajadores hemos perdido 20 puntos en tantos años y queremos una política pública para revertirlo.
–Una gran parte del éxito argentino de los últimos años ha tenido que ver con la soja y los productos del campo. Sabemos que la producción del campo, y en especial la soja, no es una gran generadora de empleo y, además, el trabajo generado allí tiene un altísimo componente en negro. ¿No hay un modelo agroexportador que achata el salario?
J. M. A.: –Por lo que tengo entendido, el campo ya no tiene un componente tan alto de empleo en negro. Se sigue manejando ese discurso del salario en negro sencillamente más por una cuestión de seguridad. El trabajo en negro en el campo no es tan alto como era antes, no sé si no es más bajo que el promedio de la economía argentina. Sí es cierto que hubo una gran tecnificación, y que cada vez se necesitan menos trabajadores.
H. Q.: –Tengamos en cuenta que, junto con la revolución sojera, hubo un gran desarrollo del sector automotriz, con otros tipos de salarios. Para tener más empresas competitivas de esas características el Estado tiene que fortalecer a las industrias a partir de desgravaciones y otras formas de promoción. En este país ya sea han ensayado en Ushuaia y en San Luis, y han quedado en la nada. ¿Qué es lo que falla? El Estado. Porque, si se dan ventajas impositivas, se debe controlar si en lugar de industrias instalan galpones vacíos.
– ¿Podríamos decir que el freno a la recuperación del salario se debe a que en estos años de crecimiento económico tan alto no hubo políticas de Estado firmes para favorecer la redistribución?
E. T.: –Hubo políticas que fueron dirigidas principalmente a otros objetivos, básicamente al crecimiento económico y no al desarrollo económico. Una herramienta clave fue el tipo de cambio para la generación de empleo.
–Pero, al mismo tiempo, el tipo de cambio alto deprimió el salario...
J. M. A.: –La devaluación es siempre un impuesto al trabajo...
E. T.: –Hay que ir con cuidado: es cierto que en el corto plazo puede afectar al salario, pero a largo plazo, controladamente, y con un tipo de cambio competitivo real, se puede crecer. Es obvio que, aunque el tipo de cambio genera crecimiento, si esto no va acompañado de otras políticas que revitalicen el salario, no sirve.
–Debería incluirse entre las políticas redistributivas aplicadas a ciertos subsidios, como, por ejemplo, al transporte, que protegieron el bolsillo del trabajador...
H. Q.: –Planteo una pregunta: ¿Por qué el subsidio al transporte en lugar de darle la plata al trabajador para que pague el boleto? ¿Por qué dárselo a las empresas? Además, ¿por qué no hacerlo por pasaje? Yo subsidiaría por persona que vos trasportes. ¿Por qué? Porque quiero que el tren, el subte y el colectivo se peleen por tener un mejor servicio. Acá el servicio a pesar de los subsidios es cada vez peor. ¿Te acordás de lo que decía Bernardo Neustadt, que se rasgaba las vestiduras diciendo que los ferrocarriles argentinos perdían un millón de dólares por día? Pero andaban y tenían una función social; ahora están cada vez peor.
–Cuando hablamos de participación salarial estamos diciendo que el trabajo genera riqueza y aludimos a la parte de ella que “vuelve” al trabajador. ¿Qué pasa con el resto?
E. T.: –Este es el superávit bruto de la explotación, o sea cuánto se está quedando el empresario y, de eso, cuánto invierte en capital para producir más y mejor. Ahora las cifras hablan por sí solas, mientras que el superávit asciende, la inversión bruta tiene una tendencia descenderte. Esto deja una sola conclusión: la creciente toma de ganancias por parte del empresario.
J. M. A.: –Y así la retribución del trabajo asalariado corre en forma inversa de lo que es superávit bruto de explotación. Lo interesante es que pueden haber políticas para revertir esta situación. En la década del ’50 se reinvertía la mitad de la ganancia, mientras que en el 2006, ni un 35 por ciento.
– ¿Entonces, la relación actual es históricamente la más baja?
J. M. A.: –Sí, la más diferenciada de la historia.
H. Q.: –Fíjense una cosa: se han llevado el 75 por ciento de la renta de diferentes maneras, pero al primer alerta de una crisis económica se fugan.
– ¿Qué hacen los empresarios con el capital que no se reinvierte?
J. M. A.: –Reducen su utilidad para así pagar menos ganancia. Allí también falta que el Estado controle.
–Hasta ahora hablamos de la relación entre el empresario y el trabajador. ¿El Estado, como empleador, acompañó esta depresión de la participación salarial?
E. T.: –En principio el sector público está muy comprometido con los sindicatos, en el sentido de las negociaciones. Se les da un peso determinante, esto en comparación a épocas pasadas cuando era todo lo contrario. Además, el salario público era lo primero que se tocaba cuando había alguna presión inflacionaria.
J. M. A.: –De todas maneras, privados y públicos van acompañados. Las políticas salariales van juntas, porque los sindicatos marcan tendencias pero luego están las políticas emanadas desde el Gobierno y las negociaciones con el Ministerio de Trabajo. Más que una diferenciación entre público y privado, hay un mercado de trabajo que va acompañando políticas públicas y ciclos económicos. Como lo dijo Edgardo al principio, la macroeconomía tiene mucha incidencia en esta situación.
No solamente tiene que las ventajas comparativas del momento que encuentra un país, que el viento puede empujar porque los commodities están favorables o porque formamos parte del Mercosur y entonces ahora podemos venderle autopartes a Brasil; sino que también el sector empresario tiene incidencia en planes de reinversión y desarrollo industrial argentino. En estos 50 años que hemos analizado hemos convivido con políticas proteccionistas, políticas claramente liberales, desarrollo de la industria y caídas bruscas de la industria. De esta manera, el sector salarial público no va a ser una isla que pueda dejar de acompañar la evolución del salario del sector privado.
–Está claro que el sindicalismo es una pieza muy importante en la mayor o menor distribución de la riqueza. Quiero decir que un sindicalismo débil con poco peso ayuda menos al proceso de participación de los asalariados.
H. Q.: –En todos los golpes militares baja la masa salarial, esto es resultado de una política buscada con acciones concretas. Primero se intenta que el poder gremial sea menor. Por otro lado, está el modelo de país. Yo soy peronista, tengo un modelo de dignidad hacia los trabajadores. No quiero que los empresarios dejen de ganar plata, quiero que ganen para que los trabajadores también ganen plata. Aquí esta uno de los problemas centrales de la crisis Argentina, no tenemos modelo de Nación. La política es cada vez más chiquita. Yo, como peronista, veo que los dos gobiernos más disímiles desde el punto de vista filosófico de los últimos años fueron peronistas: Menem y Kirchner.
–Ahora, la crisis mundial, con sus previsibles impactos en la Argentina, va a generar problemas y desempleo en algunos sectores. ¿Esto va a ser un nuevo golpe a la equidad distributiva?
E. T.: –Sí, las perspectivas para la distribución del ingreso empeoran. Por otro lado, los empresarios ya vienen reclamando, bajo la promesa de invertir, una mayor renta extraordinaria por medio de subsidios, promociones, la no vuelta de la doble indemnización, menor presión impositiva. Todo eso va en contra de la participación de los asalariados.
H. Q.: –El hilo siempre se corta por lo más delgado, el mecanismo siempre va a ser echar gente. En la historia del mundo los imperios siempre exportaron sus crisis. Pero hay que tener un Estado que entienda esto y una sociedad mucho más solidaria.
J. M. A.: –Además, como venimos de crisis muy prolongadas, los trabajadores prefieren que se reduzcan sus salarios antes de que los despidan, por ser el menor de los males.

jueves, 25 de diciembre de 2008

MENSAJE DE NAVIDAD

Todos los años, la Nochebuena nos reúne en el hogar inmenso de la Patria. Esta noche hacemos una tregua de amor en el camino de nuestras luchas y de nuestros afanes; y sólo pensamos en las cosas buenas y bellas que nos ha regalado la vida en el año que se acaba hundiéndose ya como un cometa en el horizonte de la eternidad, dejándonos una estela de recuerdos en el alma. Por eso estas palabras mías se atreven a romper el bullicio o el silencio de la noche, se animan a llegar con su mensaje al corazón de todos los hogares que quieren recibirlas con cariño Esta noche también sentimos que empieza ya a morir el año que termina. Por eso nos gusta rememorar las alegrías y las penas que nos trajo sobre el hombro de sus días y de sus semanas, y hasta los dolores ya sobrepasados nos parecen esta noche menos amargos. Acaso, precisamente, porque ya son recuerdos. Yo sé que dentro de muchos años, cuando en esta misma noche los argentinos se dejen acariciar por el recuerdo y retornen sobre sus alas al pasado, llegarán a estos años de nuestra vida y dirán melancólicamente: entonces éramos más felices. Primero la Justicia, que es algo así como el pedestal para el amor. No puede haber amor donde hay explotadores y explotados. No puede haber amor donde hay oligarquías dominantes llenas de privilegios y pueblos desposeídos y miserables. Porque nunca los explotadores pudieron ser ni sentirse hermanos de sus explotados y ninguna oligarquía pudo darse con ningún pueblo el abrazo sincero de la fraternidad. El día del amor y de la paz llegará cuando la Justicia barra de la faz de la tierra a la raza de los explotadores y de los privilegiados, y se cumplan inexorablemente los ideales del Justicialismo Peronista: Que haya una sola clase de hombres, los que trabajan; Que sean todos para uno y uno para todos; Que no exista ningún otro privilegio que el de los niños; Que nadie se sienta más de lo que es ni menos de los que puede ser; Que los gobiernos de las naciones hagan lo que los pueblos quieran; Que cada día los hombres sean menos pobres y Que todos seamos artífices del destino común. Seguiré a su lado con todos ustedes, mis amigos descamisados, mis compañeros trabajadores; con todos los que se sientan peronistas de corazón. Seguiré a su lado como la simple y humilde mujer que renunció a todos los honores, porque le gustaba más que su pueblo la llamase cariñosamente: Evita. Mi brindis es para mi Pueblo, para todos ustedes; y no puedo expresarlo de otra manera que deseándoles sencillamente que sean muy felices, cada vez más felices.

Eva Perón

Mensaje de Navidad 1951.

domingo, 21 de diciembre de 2008

EL ESTATUTO DEL PEON



ESTATUTO DEL PEON II

A contramano de Europa, donde se discute la extensión de la semana laboral a 65 horas, y de Estados Unidos, donde la condición para socorrer a las empresas automotrices varía entre reducciones salariales y despidos, en la Argentina se estableció la semana laboral de 48 horas para el trabajo agropecuario y se sancionó el pago de horas extras. ¿Por qué nadie quiere decirlo? Los fondos jubilatorios y el plan de Obras Públicas.
Por Horacio Verbitsky



Mientras en Europa se discute la extensión de la semana laboral a 65 horas y en Estados Unidos la condición para socorrer a las mayores empresas automotrices varía entre reducciones salariales y despidos de trabajadores, en la Argentina se estableció por primera vez la jornada laboral de 8 horas diarias o 48 semanales para los trabajadores agrarios de todo el país, sin excepciones, y se reguló el pago de horas extras. La misma lógica de protección del empleo se refleja en las demás medidas que está anunciando el gobierno nacional, desde los procedimientos preventivos de crisis que bloquean despidos hasta las desgravaciones para quienes formalicen empleos no registrados o contraten trabajadores nuevos, los anuncios de planes de obras públicas o de estímulo a la producción y el consumo, el otorgamiento de distintos beneficios con la condición de no despedir trabajadores. Cuando en Estados Unidos gigantes como Chrysler deciden el cierre por un mes de 39 plantas sería irrealista pensar que el huracán no llegará a las costas del sur. Hay que agradecer que ninguno de los estridentes críticos del gobierno esté al mando cuando comienzan a sentirse sus ráfagas, cuya fuerza ni siquiera advierten.

Buzzi y Biolcati en contra

La jornada de 8 horas fue adoptada el 3 de diciembre por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, que preside el secretario de relaciones laborales del Ministerio de Trabajo, Alvaro Ruiz, y apoyada por los representantes del Ministerio de Economía, la Secretaría de Agricultura y la Unión de Trabajadores Rurales (Uatre). En cambio se pronunciaron en contra los representantes de la Mesa de Enlace de las cámaras patronales: Sociedad Rural, CRA, Federación Agraria y Coninagro.

Durante la segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen la ley 11.544, implantó en 1929 la jornada de 8 horas, pero con la expresa exclusión de los trabajos agrícolas, ganaderos y del servicio doméstico. Ni siquiera el Estatuto del Peón, inspirado en 1944 por el Secretario de Trabajo Juan D. Perón, ni su extensión legislativa de 1947, ni las resoluciones firmadas durante los gobiernos justicialistas de 1974 a 1976 habían llegado tan lejos como la resolución 71/08. Durante el semestre que duraron las deliberaciones los representantes del Estado chocaron con las cámaras patronales, que sólo accedieron a firmar la resolución en la que consta su desacuerdo cuando Ruiz les hizo saber que, en caso contrario, se contemplaría el reemplazo de esas entidades por otras. Las resoluciones se toman por mayoría y no es costumbre que conste cómo votó cada representante. Pero en este caso la nominalidad fue exigida por la Sociedad Rural y el Estado estuvo de acuerdo.

En los momentos críticos del proceso, Ruiz contó con el pleno apoyo del ministro de Trabajo Carlos Tomada.

El Estatuto del Peón fue decisivo en la emergencia del liderazgo político de Perón. Sancionado por decreto 28.169 del presidente de facto Edelmiro Farrell constituyó la primera regulación orgánica para los trabajadores del campo, aunque sólo se refería a los permanentes. De los temporarios o accidentales, retribuidos a destajo, se ocupó la ley 13.020, de 1947, que creó el primer ámbito tripartito entre patrones, trabajadores y Estado para la regulación normativa del sector. Si bien tanto el decreto como la ley establecieron pausas para el descanso y la comida de los trabajadores no llegaron a fijar límites máximos diarios ni semanales. La reforma constitucional de 1957 consagró en el papel todos los derechos del trabajador que el gobierno militar del general Pedro Aramburu y el almirante Isaac Rojas había eliminado en los hechos: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagos, retribución justa, salario mínimo vital móvil, igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público, organización sindical libre y democrática. Recién al concluir la penúltima dictadura, la Comisión Nacional de Trabajo Rural, como se llamaba entonces, produjo entre 1973 y 1976 numerosas resoluciones que limitaron la jornada de trabajo para los trabajadores no permanentes de las actividades agrarias regionales.

Ni el día de guardar

El régimen nacional de trabajo agrario decretado por el dictador Jorge Videla en 1980 incluyó a todos los trabajadores, permanentes o no, estableció que la duración de la jornada se ajustaría a los usos y costumbres de cada región o a la naturaleza de la explotación. Nada dijo sobre el trabajo nocturno y tampoco contempló el pago de horas extras. Sólo prohibió el trabajo los domingos pero con un régimen tan amplio de excepciones que equivalía a la negación de la norma: abarcaba desde las necesidades de la producción o del mantenimiento hasta la genérica “naturaleza de la actividad”. Sólo estableció a favor del trabajador una pausa interna para la comida y el descanso de entre dos y cuatro horas y media y otra pausa externa de por lo menos diez horas sin interrupciones entre la terminación de una jornada y el comienzo de la siguiente. Según las distintas combinaciones posibles entre ambas pausas la jornada laboral sería de entre nueve y media y doce horas diarias o entre 57 y 72 horas semanales. En la década actual distintas resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario limitaron a las ocho horas diarias la jornada laboral en diversas provincias y para actividades regionales específicas. Pero hasta ahora no existía un régimen nacional para todos los trabajadores del campo con independencia del tipo de su relación contractual.

De sol a sol

Ruiz sostuvo que la tradición del trabajo de sol a sol carece de todo sentido, no se justifica en motivaciones objetivas de la actividad y “sólo ha respondido a intereses subjetivos patronales ligados principalmente a sus costos laborales y a una inadmisible sumisión del trabajador rural a la discrecionalidad del empleador”. La necesaria organización y dirección del trabajo puede implicar mayores costos empresarios. El trabajo humano no puede ser la única variable, al punto de no fijarle límites diarios ni semanales. Muchos procesos productivos industriales y actividades de servicios o comerciales no admiten interrupciones que alteren su continuidad, pero eso “no puede llevar a sostener como lícita la ausencia de límites legales generales para la jornada; en todo caso harán necesario que se cuente con una mayor dotación de personal”. Estas situaciones, como la falta de recargos salariales por el tiempo extraordinario de trabajo responden a una serie de factores, “desde un abuso de derecho inveterado en perjuicio del trabajador” hasta la reivindicación de una pretendida “cultura rural” diferente a la de otros sectores laborales, que en realidad es “una muestra clara de anacronismo y de lamentables vestigios de un sistema de vasallaje que deben ser combatidos”. Este “mito rural” que pretende mostrar como “inmanente al campo la exigencia de trabajar sin horarios e ilimitadamente” es “insustancial” y contradice la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Culturales, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y las Convenciones protectoras de los derechos de niños y mujeres.

El director de la Sociedad Rural, Abel Francisco Guerrieri replicó que esas afirmaciones eran “ofensivas y agraviantes” y el director nacional de la Federación Agraria, Guillermo Luis Giannasi, se declaró sorprendido por la celeridad de los representantes del Estado. El representante de CRA, Ricardo Grimau opinó que Alvaro Ruiz había demostrado un acabado manejo de las cuestiones del derecho del trabajo pero que tenía “total desconocimiento” de “la realidad de los productores de las distintas actividades que componen el sector”. Pidió que antes de resolver se remitiera la cuestión a las comisiones regionales. El representante de los trabajadores, Jorge Herrera, descalificó esa táctica dilatoria ya que las comisiones regionales varias veces trataron el tema sin llegar a ningún consenso. El representante de la Secretaría de Agricultura, Mario Burgueño, recordó que cada vez que se trató una resolución similar los representantes patronales en aquellas comisiones votaron en contra alegando que sería perjudicial para las economías regionales, efecto negativo que nunca ha sido demostrado allí donde se limitó la jornada laboral. Grimau calificó de “autoritaria y dictatorial” la limitación del horario sin consultar a las comisiones regionales. A tres semanas de la firma, ninguna de las partes ha difundido la resolución. Las cámaras patronales especulan con la dificultad del control de su cumplimiento, ya que el ingreso de los inspectores del ministerio de Trabajo a enormes establecimientos muy aislados se dificulta por la reticencia u hostilidad de los propietarios. La Uatre agradece en privado la sanción de una conquista apetecida durante décadas, pero su secretario general, Gerónimo Venegas, se enrola en el duhaldismo residual más recalcitrante, que nunca ha ocultado su animosidad contra CFK y Néstor Kirchner, de quienes dice a quien quiera oírlo que “estos no son peronistas”, como si la crisis pidiera carnet de afiliado. En cambio, la parquedad del gobierno requiere de una interpetación que excede la capacidad del autor.

El debate de fondos

En la misma semana dos jueces emitieron fallos opuestos ante recursos de aportantes a las administradoras de fondos previsionales. Uno dispuso que se suspendiera el traspaso de un trabajador al régimen de reparto. El otro dijo que no había ningún derecho afectado. La decisión de cuestionar la ley que puso fin al sistema de capitalización individual fue instigada por los bancos propietarios de las AFJP y en la elaboración de las líneas discursivas trabajaron directivos del Colegio de Abogados porteños de la calle Montevideo. Sus argumentos se reflejan en los títulos, los epígrafes y las columnas de opinión de los principales medios de comunicación, salvo este diario, y en las declaraciones de las grandes cámaras patronales, como la Asociación Empresaria (AEA) y la Unión Industrial (UIA), que en estos días están renovando sus autoridades o eligiendo a las que asumirán el año próximo, con ánimo beligerante. La firmeza con que el gobierno nacional sostuvo su decisión de cobrar retenciones móviles a las exportaciones agropecuarias, pese a la poderosa agresión agromediática que lo batió en el Senado, la recuperación de Aerolíneas Argentinas y Austral y del manejo de los fondos públicos que administraban las AFJP, más su capacidad política para que esas decisiones pasaran con éxito por el Congreso, pusieron en guardia a una formidable coalición de intereses locales e internacionales que comprendieron que la profundización del rumbo era algo más que un slogan electoral. La AEA reeligió como presidente al principal accionista de Arcor, Luis Pagani, y decidió profundizar las relaciones con otras cámaras patronales, lo cual no puede entenderse como un gesto de simpatía hacia las políticas oficiales, que la agrupación cuestionó sin matices. Sus dos principales vicepresidentes son los hombres fuertes de la transnacional italiana Techint, Paolo Rocca, y del Grupo Clarín, Héctor Magnetto. La AEA hizo saber que consideraba central el papel del sector privado en los procesos productivos. Así cuestionó la relevancia asignada por el gobierno a la inversión pública. La Unión Industrial recién renovará sus autoridades a mediados de 2009, por lo que el anuncio anticipado de que el empresario plástico Héctor Méndez sucederá al siderúrgico Juan Carlos Lascurain se parece a un golpe interno. El mismo sector que impulsa a Méndez, y que incluye al fabricante italiano de automóviles Cristiano Rattazzi Agnelli, había intimado a Lascurain en vísperas del Día de la Industria a endurecer su discurso frente al gobierno. Méndez ya presidió la UIA entre 2005 y 2007, período en el que cuestionó con dureza la política oficial de aumentos salariales. Tanto AEA como UIA dijeron que la creación del Sistema Integrado Previsional decidida por una amplia mayoría de legisladores en ambas cámaras del Congreso Nacional afectaba nada menos que la seguridad jurídica y el derecho de propiedad. Rattazzi Agnelli ni siquiera guardó la línea: lo calificó de “manotazo a las AFJP”.

El salto

Este lobby empresarial centró la crítica del plan de obras públicas en la cifra global de 111.000 millones de pesos que el lunes suministraron la presidente CFK y el secretario de Obras Públicas José López, porque algunas obras ya estaban en avanzada ejecución, otras figuraban en el presupuesto 2009 y varias ya habían sido anunciadas durante la presidencia anterior y aún no se iniciaron. En realidad, ni CFK ni López dijeron algo distinto. Por el contrario, la presidente recordó que en marzo había presentado el “Plan Estratégico Territorial”, elaborado por un equipo que encabezó la arquitecta Graciela Oporto, en el que se identificaron los corredores y ejes para el desarrollo estratégico de la infraestructura, con las obras que la Nación, las provincias y los municipios consideran decisivas. Entre las obras anunciadas hay incluso algunas, como el ramal ferroindustrial de Río Turbio a Río Gallegos, que ya estaban incluidos en el 2 Plan Quinquenal de Perón y que recién ahora se ejecutan. Pero eso sólo mide el atraso con que hay que lidiar. Poner el énfasis en la cifra total de 111.000 millones de pesos, de los cuales 40.000 aún no tienen financiamiento asegurado, es la forma más insidiosa de desdeñar el sostenido crecimiento de la inversión pública, que pasó de 0,7 a 3,1 del Producto Interno Bruto desde 2002 hasta 2008. Pero además el PIB sobre el que se calcula creció entre esas fechas más de un 50 por ciento. La ley de presupuesto preveía para 2009 inversión en obras públicas por 32.770 millones de pesos. El programa comunicado por la presidente incluye otros 24.000 millones, hasta un total de 58.000, que implica un incremento del 123,7 por ciento sobre el año que termina y llevará la inversión pública al 5,5 por ciento del PIB, la cifra que la Cámara de la Construcción fijó como óptima. Los dos gráficos de esta página ilustran este salto, que explica el furor de los defensores de la inversión privada con fondos que durante la década pasada fueron sustraídos del control público.

Quién invierte

La cartera de inversiones de las ex AFJP en todo el mundo alcanzaba a 94.300 millones de pesos. El 90,3 por ciento, es decir 85.200 millones estaban en la Argentina. De ellos había 52.000 millones en títulos de deuda argentina, 7000 en plazos fijos bancarios, 5600 en fideicomisos financieros (1100 de Garbarino, Falabella, Tarshop y Tarjeta Naranja y similares, con destino al consumo, y 1000 del fideicomiso Millenium organizado por el Deutsche Bank), 3800 en Valores Negociables del Estado, 1500 en Obligaciones Negociables de empresas y otro tanto en Fondos de Inversión, 1300 estaban invertidos en economías regionales, 1000 en depósitos a la vista en la Argentina, 470 en proyectos de infraestructura, 200 en títulos provinciales y otro tanto en títulos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir que apenas 1770 millones de esa enorme masa de dinero se habían invertido en economías regionales o proyectos de infraestructura. Mientras los fideicomisos financiaban el consumo (las estrellas fueron heladeras y aparatos de aire acondicionado), no había recursos para obras de infraestructura como las usinas San Martín y Belgrano. La nómina de grupos económicos, bancos y empresas en las que las AFJP invertían los aportes previsionales completa el mapa de quienes alimentan el malhumor contra el primer gobierno que en medio siglo se atrevió a planificar la inversión con miras al bien común y no a la rentabilidad privada. La inversión empresarial seguirá teniendo un rol importante en la economía argentina, pero deberá buscar otras fuentes de financiamiento. Quién invierte en la Argentina, en qué rubros y con cuál financiamiento es la discusión en sordina que las cámaras patronales no piensan sincerar.

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jueves, 18 de diciembre de 2008

CRISTINA EN MOSCU


Tatiana González desde la redacción de la Agencia
Periodística del Mercosur. Compárese con lo que sale en la gran
prensa. Sáquense las conclusiones respectivas.]

Gentileza Bob Weiss

B.W. -Agencia Periodìstica del Mercosur- 13/12/2008

Cristina Fernández en Rusia
Una argentina en Moscú
Con el Kremlin como escenario y una enorme comitiva como testigo, la
presidenta argentina selló acuerdos y afianzó relaciones bilaterales
con el gigante euroasiático.

Por Tatiana González | Desde la Redacción de APM



Cristina Fernández viajó a Rusia, la visita oficial de dos días
incluyó almuerzos, conferencias y reuniones privadas con su par,
Dmitri Medvedev, y con el primer ministro ruso, Vladimir Putin. El
objetivo principal de los encuentros fue reforzar el intercambio
comercial, energético y minero.

En el Kremlin, los mandatarios firmaron la Declaración Conjunta de
Asociación Estratégica y siete documentos bilaterales, incluido uno de
cooperación en el ámbito del uso pacífico de la energía nuclear.

Además, se rubricaron memorandos de entendimiento y cooperación entre
el Banco de Desarrollo Regional de Rusia y el Banco de Inversiones y
Comercio Exterior de Argentina, como también entre el Instituto ruso
de Investigación Científica Geológica de países extranjeros y el
Servicio Minero argentino.

La presidenta estuvo acompañada por el canciller Jorge Taiana, los
ministros de Planificación Federal, Julio De Vido; de Economía, Carlos
Fernández; de la Producción, Débora Giorgi y representantes de
pequeñas, medianas y grandes empresas.

La gira oficial, que en principio iba a iniciarse el lunes 8 -y
abarcaba las ciudades de Moscú y San Petersburgo- debió acotarse por
complicaciones en la agenda de los mandatarios rusos tras el
fallecimiento del patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, Alexis II.



El encuentro tuvo que posponerse un día por el duelo nacional, pero
una vez que la comitiva argentina pisó Moscú, todo marchó sobre
ruedas, y los encuentros pautados se desarrollaron tal como estaban
previstos. De hecho el canciller Jorge Taiana aseguró que el viaje fue
"muy bueno" y los resultados "mejores a lo previsto".

Tanto Dmitri Medvedev como Cristina Fernández, sostienen que afianzar
las relaciones es el modo correcto para afrontar la crisis, y además
es una "nueva forma de entender la asociación entre países en un mundo
que deberá ser multipolar, multilateral", haciendo uso de las palabras
que dijo la mandataria sudamericana.

Por esa razón, reformular las reglas es la solución adecuada en un
juego que se complica cada día un poco más.

Uno de los acuerdos más esperados, o de mayor repercusión a nivel
económico fue el que se firmó entre la compañía petrolera privada más
grande de Rusia, Lukoil, y la firma Energía Argentina S.A (ENARSA).

Según informó el ministro de planificación federal, Julio De Vido, la
compañía rusa construirá una planta de almacenamiento de combustibles
en la ciudad argentina de Campana, y proveerá gas oil y fuel oil a
Argentina durante cinco años.

Se calcula que tras la firma de este acuerdo bilateral, Lukoil
invertirá en el país, aproximadamente 500 millones de dólares. Para
comenzar con las obras, el 3 por ciento -15 millones- será destinado a
la infraestructura de almacenaje de combustible.

Además ese dinero se utilizará, según explicó el Ministro de
Planificación, para "desarrollar una ampliación de una planta de
tancaje de combustibles en Campana, a orillas del río Paraná, muy
cerca de la usina térmica General Belgrano", inaugurada en marzo por
la Presidenta.

Para la firma del acuerdo petrolero, el ministro De Vido, se reunió
con Vagit Alekperov presidente de Lukoil, Horacio Sambucetti
representante de Pobater y con Exequiel Espinosa de Enarsa. Los
memorandos firmados tendrán una duración de 3 años.

A partir de esto, las tres compañías unirán fuerzas. La petrolera
rusa, Lukoil – la cuarta en el ranking mundial de producción del
crudo- proveería los combustibles a Enarsa (compañía estatal),
utilizando la infraestructura de Pobater (compañía privada), para el
almacenaje del fuel oil, según anunció la empresa rusa en un
comunicado.

En relación a la firma llevada a cabo el 10 de diciembre, De Vido
aseguró: "gracias al convenio estratégico vamos a tener un provisión
directa de gas oil para la temporada invernal dado que la usina esta
es dual, puede funcionar a gas o fuel oil y esto va a significar un
adelanto en cuanto a la logística de la central y la garantía que
tiene que dar sobre todo en la temporada invernal donde el gas,
nosotros necesitamos apuntarlo al consumo domiciliario".

En el marco de su visita oficial, Cristina Fernández fue recibida por
el primer ministro en el Salón Dorado de la Casa de Recepciones. En
ese encuentro se hizo mención a los crecientes vínculos comerciales
entre Argentina y Rusia. Cabe destacar que dichas relaciones
aumentaron 5 veces y en la actualidad ascienden a 1,5 mil millones de
dólares.

La presencia rusa en América Latina es cada vez mayor, y con respecto
a Argentina, Putin afirmó que se "firmarán tratados de cooperación
tradicionales y nuevos", que permitirán una mayor articulación
bilateral dentro del tablero internacional.

Otro de los temas relevantes que los medios argentinos han puesto en
primera plana, es el hecho de no haber podido concretar un acuerdo que
permita suprimir las visas entre ambos países. Lo cual de alguna
manera frena el acceso a los mercados y limita los viajes de
empresarios y turistas.

Al respecto el canciller argentino comentó que no se pudo firmar
porque los rusos "tenían que hacer algunos pases administrativos",
pero no descartó la posibilidad de que en las próximas semanas
finalmente se pueda cerrar este acuerdo.

En medio de la crisis que azota a la economía global, la presidenta y
el primer ministro ruso, criticaron el mundo "unipolar" (regido por
Estados Unidos). Al respecto Cristina Fernández afirmó que "al mundo
no le ha ido bien con la visión unipolar nacida en 1989″ y reiteró que
la crisis financiera "obliga a exigir la reformulación de los
organismos multilaterales".

La mandataria al referirse al trance económico por el que están
pasando los países del mundo, expresó su descontento y advirtió: "tal
vez tengamos que enfrentar ahora resultados de malas políticas,
realizadas en una cosmovisión donde unos pocos decidían por el resto".

Los jefes de Estado de ambos países criticaron abiertamente el mal
desempeño de Estados Unidos, y sin tapujos acusaron al país del norte
de ser el responsable de tamaña crisis.

Por otra parte, y en un intento por afianzar no sólo los vínculos
comerciales, sino también las relaciones diplomáticas, el primer
ministro Vladimir Putin manifestó su apoyo en el reclamo que Argentina
está llevando a cabo por la soberanía de las Islas Malvinas.

Como agradecimiento a la posición que Moscú tomó en el tema Malvinas,
la presidenta se mostró dispuesta a respaldar el derecho de Rusia a
ser miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Cabe
resaltar que las negociaciones se han iniciado en 1995, pero
Washington ha frenado el ingreso ruso a dicho organismo.

Los analistas internacionales aseguran que este acercamiento entre
Argentina y Rusia, no es más que una relación provechosa, lo que se
podría denominar, un "matrimonio por conveniencia".

Por un lado Argentina quiere consolidar un mercado clave en tiempos de
crisis financiera global, y por otro como se sabe, Rusia ha encontrado
en el país sudamericano -y en varios países de Latinoamérica- un
"socio natural constructivo", como explicó el ministro de asuntos
exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, haciendo referencia a la
situación que une al gigante con el continente. (Ver: "La gran apuesta
rusa en el tablero internacional". APM 23/11/2008)

Los analistas sostienen que Moscú ha retornado a los primeros planos
del escenario internacional, consiguiendo una influencia que no tenía
desde la caída de la Unión Soviética.

Lo cierto es que en época de crisis y cambios en el tablero
internacional los acercamientos se convierten en estrategias viables,
y la proximidad entre Argentina y Rusia es consecuencia de ello.

Octavio Getino habla sobre la Ley de medios

SOY LA MIERDA OFICIALISTA

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