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sábado, 28 de noviembre de 2009

Exitosos y rebeldes


La nueva generación de estrellas que rechaza el discurso único "Si no se reprime, es un caos. No se puede tomar un país, no se pueden cortar las calles. Andá a cortar la Quinta Avenida en Nueva York o Les Champs Élysée en París, a ver qué te hace la policía”, reclamó Susana Giménez, escandalizada ante los piquetes que se realizan como método de protesta. “No se puede vivir así, señores, no se debe vivir así. Nosotros exigimos seguridad. Tenemos que juntarnos para organizar algo contra la inseguridad, hay que salir a la calle, nos están matando a todos”, despotricó Mirtha Legrand en su programa. “Acá todavía estamos discutiendo si los metemos presos, si dieciséis o diecisiete años, si lo derechos humanos... El único derecho humano es el derecho a la vida y están matando a la gente por la calle de una manera impresionante”, disparó Marcelo Tinelli refiriéndose al problema de la inseguridad. Si la sociedad y la vida se rigieran por los dichos de estas estrellas, tal vez nos correspondería experimentar un ciclo oscuro de la historia. Desde los sitiales de afecto y admiración que detentan –logrados en base a un genuino esfuerzo y corroborado por el lugar que ocupan en el imaginario popular–, Giménez, Legrand y Tinelli se convirtieron en voceros de los sectores más reaccionarios y promovieron un uso tendencioso del malestar social. Alguien podría pensar: “Los artistas de la tele están con la derecha”. Sin embargo, la ocurrencia es demasiado simplista y elude recorrer un campo en el que intervienen distintas corrientes de opinión. “No estoy de acuerdo con lo que salieron a decir Mirtha, Susana y Tinelli, que enarbolen esas banderas como única verdad –se diferencia Florencia Peña, una de las actrices más reconocidas que acompañó la lucha por la Ley de Medios–. Nací en medio del Proceso y mi generación tuvo un especial énfasis en comprender qué había pasado. No quiero un modelo de milicos reprimiendo ni una policía enturbiada por el ‘Fino’ Palacios y Ciro James. Eso sólo trae más violencia. Quiero la construcción de una Argentina más justa.” En una pausa de la grabación de Botineras, que acaba de estrenarse por Telefé, Peña se puso una camiseta que reclama el juicio y castigo a los genocidas como medio de adhesión a la campaña de la agrupación H.I.J.O.S. “Creen que la inseguridad se combate con represión, pero muchos pensamos distinto. Hay que atacar a la inseguridad, pero no desde las posiciones de la burguesía. Por decir estas cosas se me cerraron puertas y me negaron tapas, pero igual me la rebanco”, declara. Mientras posaba para las cámaras de Veintitrés, la actriz bromeaba: “¿Qué te pasa, derecha, estás nerviosa?”. Peña expresa a una farándula que no sólo se nutre de superficialidad y frivolidad (que, como todo, en su medida y armoniosamente nunca vienen mal), sino que observa atenta la realidad y se pronuncia sobre las cuestiones más importantes desde posiciones progresistas. Son actrices y actores de la camada subcuarenta, luminarias de programas que gozan de un alto rating y que ganaron el favor de los televidentes, nacieron en medio de la dictadura o la vivieron durante sus infancias, el menemato marcó sus pubertades y adolescencias y fueron, si no testigos, protagonistas de las jornadas de diciembre de 2001 y el agitado año que las continuó. Señalan su compromiso no sólo mediante la realización de declaraciones a favor de las causas justas, sino que transforman su pensamiento en actos. “Me pongo la remera porque creo profundamente que no debería ser necesario hacer una campaña ni ponerse una remera por esta causa –explica Julieta Díaz durante un alto en el rodaje de Valientes, la telenovela que rompió los récords de rating durante este año–. El juicio y castigo a los genocidas es algo que tiene que ser así y que a esta altura tengamos que seguir peleando para que se haga justicia la verdad que es una vergüenza. La dictadura logró diezmar a una generación y diezmó opiniones, logró crear miedo, que por supuesto era su objetivo. Ahora está más dividido todo, aunque no creo que haya más compromiso ahora que antes.” Díaz fue una de las personalidades que se puso al frente del reclamo contra la minería a cielo abierto, participó de iniciativas a favor de las comunidades zapatistas en México y participó del ciclo Teatro por la Identidad, entre otros proyectos. “Ante la inseguridad: salidas de mano dura, no –manifiesta–. Creo que hay que ir a la raíz del problema, a la desocupación, a la violencia familiar, hay que trabajar con los chicos y los adolescentes porque hay chicos de doce, trece, quince años que roban. Los castigos tienen que ser razonables, pero sin mano dura, justicia por mano propia ni ninguna de esas cosas.” “Siempre es mejor decir que no decir, aunque no creo necesariamente que una persona pública tenga la obligación de salir a decir cosas. El compromiso es con uno, con las propias ideas –señala Julieta Ortega, quien se prepara para filmar la película Esto también pasará, dirigida por su hermano Luis Ortega y basada en textos de Yukio Mishima. Acompañada por su hijo Benito y el gato persa de la familia, posa para esta producción–. Apoyo el pedido de juicio y castigo a los militares de la dictadura porque, a diferencia de lo que piensa alguna gente, es indispensable. En un país con 30.000 desaparecidos y varios genocidas todavía sueltos, hay que mirar hacia atrás. Estoy convencida de que no hay paz posible en un país sin memoria. Observar el pasado, recordarlo o pensarlo es la única manera que tenemos de asegurarnos de que no vuelva el terrorismo de Estado.” Ortega pide mesura a la hora de tratar un problema tan importante como la inseguridad: “Es un tema mucho más complejo y profundo de lo que nos quieren hacer creer y, por lo tanto, merece un debate más amplio. No creo que se resuelva con slogans televisivos”. Las diferencias de opinión se revelan no sólo en la cuestión de la seguridad. Esta semana, Damián De Santo protagonizó una discusión en uno de los almuerzos de Mirtha Legrand cuando el actor especuló, en clave psicoanalítica, sobre el acto de matar a los padres y la diva no estuvo de acuerdo. “Tu necedad no te permite ver –le espetó De Santo a Legrand–. Uno elige qué hacer con los muertos.” El actor, que apoyó la Ley de Medios, también se puso la camiseta y explicó su posición: “La inseguridad es un gran negocio de la seguridad. Los policías retirados y la mano de obra desocupada manejan ese gran negocio en los countries. La inseguridad estuvo siempre, sólo que hoy tiene más prensa”. “No soy millonaria, pero me considero una beneficiada: en ningún momento me pondría como víctima de esta sociedad –reflexiona Violeta Urtizberea, de 24 años, que protagoniza junto a Pablo Rago la telenovela Enséñame a vivir, que se emite en las pantallas de Canal 13 por las tardes–. A veces me pasa que veo a la gente con auto descapotable, ostentando, y pienso: ‘Y bueno, jodete si te roban’. Lo pienso de verdad y tengo un montón de discusiones por eso. Si alguien revisa la basura y vos salís con un descapotable, eso genera violencia. No quiero hablar de nadie en particular, pero no entiendo cómo puede haber gente que se muestre indignada y dolida en su mansión. Ese es el discurso oligarca. Pero sí entiendo a las víctimas de los hechos violentos delictivos.” Anabel Cherubito se siente orgullosa de su paso por “Bailando por un caño”, el segmento conducido por Tinelli, más allá de los elogios que recabaron sus performances: “Hablé del asunto después de bailar en el programa de Tinelli. Fue raro para los demás, no tanto para mí. Ojalá que haya cárcel común y perpetua para los genocidas. Me importaba dar ese mensaje desde un programa que se ve mucho ya que no veo a los medios masivos de comunicación muy interiorizados en el tema”. La actriz llegó a los tribunales de Comodoro Py el día que comenzaban los juicios a 17 imputados por delitos de lesa humanidad, entre los que se encuentran nombres tan tenebrosos como los de Julián Simón, más conocido como “Turco Julián”, Samuel Miara, Raúl Guglielminetti, o Eufemio Uballes, alias “El Führer”. “Soy parte de esta historia, mi familia estuvo exiliada”, aclara. También se pronuncia sobre la inseguridad. “Este es un país pobre y desigual, y en los países pobres y desiguales siempre existió el delito. Respecto de los dichos de los famosos sobre el tema, opino como Florencia Peña. Es terrible la manipulación de los medios, a veces parece como si estuviéramos en medio de una guerra civil. No ayuda a que un país crezca. Le aconsejaría a la gente que busque otras opiniones. No digo que no exista la inseguridad, pero a veces la gente repite lo que se dice en los medios.” En un ambiente como la televisión, donde se juegan grandes intereses comerciales y de poder, no son los únicos referentes que se juegan por lo que piensan. Gastón Pauls, que el 20 de diciembre de 2001 se encontraba en Diagonal Norte combatiendo la represión policial del gobierno de De la Rúa, es un ícono del artista comprometido en estos tiempos. Su fundación Chicos de la Cultura de la Calle, que impulsa junto a su pareja Agustina Cherri, alimenta y brinda recreación a distintos hogares de niños en la ciudad de Buenos Aires. Grabó junto a Julieta Díaz, Nicolás Pauls (un activista vegetariano), Laura Azcurra y Celina Font, entre muchos otros, un spot contra la minería a cielo abierto. Cherri también promueve la ayuda a víctimas de la violencia familiar y de género a través de la fundación Amigos del Alma, la que recibe la habitual colaboración de Marcela Kloosterboer, Felipe Colombo, Camila Bordonaba, Laura Novoa y Romina Ricci, entre otros. Soledad Villamil, protagonista de El secreto de sus ojos –el film nacional más exitoso de los últimos tiempos–, militó en su juventud en el Partido Obrero y se mantiene fiel a sus ideales de izquierda y mostró su apoyo a la lucha de los trabajadores de Kraft. Natalia Oreiro apoya causas ecológicas y se pronunció a favor de la Ley de Medios. Al cierre de esta edición, se encontraba viajando hacia el Uruguay para votar por el Frente Amplio. También Soledad Silveyra partió hacia la Banda Oriental para festejar el triunfo de Pepe Mujica. Silveyra es una referente entre los artistas comprometidos de la anterior generación: “Los jóvenes me dan mucha alegría, los veo muy bien, con mucho compromiso, con ganas de hacer cosas y con posiciones tomadas –reflexiona–. Aunque digan que las ideologías están muertas, creo que ellos las tienen vivas. Los veo muy bien, y no sólo a los artistas. Es que son hijos del 2001”. Si en el campo político se acabó con el reinado del discurso único, no debería sorprender que ese movimiento tenga una réplica en las otras esferas sociales y culturales del país. Aquellos que hacen posible que la caja boba exista, no deben –necesariamente– atribuirse tal adjetivo. Por el contrario, pueden –como esta nota demuestra– contribuir a la reconfiguración de la Argentina desde la posición que les otorga su popularidad. Pueden ser, además de exitosos, rebeldes. Y convertirse en tribunos de las causas justas que tanto necesitamos, en partidarios de discursos que combatan la hegemonía del poder. Es una posibilidad. Los protagonistas de la televisión se convertirán, si así sucede, no sólo en meros instrumentos del rating sino que serán herramientas para construir un país mejor.



Situación del espectro radioeléctrico en Córdoba

Modificaciones y posibilidades a partir de la nueva Ley.

Por Mario Farías*

La sanción de la Ley 26522 implica el cambio de la regulación de la comunicación audiovisual en Argentina y sus efectos tambièn se sentirán en Córdoba. Los medios de comunicación deberán adecuarse a la nueva Ley según lo dispuesto en el art. 161, que dice “ los titulares de licencias deberán ajustarse a las disposiciones previstas en un plazo no menor a un (1) año desde que la autoridad de aplicación establezca los mecanismos de transición”. La Autoridad de aplicación – AUFER – iniciará sus funciones el 10/12/2009 (Decreto 1525/2009 ) y, según el art. 156 de la Ley el nuevo organismo tiene un plazo máximo de 60 días para elevar el proyecto de reglamentación al Poder Ejecutivo. La constitución del Consejo Federal de Comunicación ocurrida en estos días, es una señal de que la Presidenta Cristina Fernández pretende avanzar rápidamente en la implementación de la Ley, por lo cual es razonable estimar que desde el mes de marzo y/o abril de 2010 podría empezar a correr el plazo de 1 (un) año de adecuación.

Esto significa que aquellas empresas que fueran titulares de una mayor cantidad de licencias que las permitidas por la Ley, deberán transferir las mismas a sus nuevos titulares. Es casi seguro entonces, que TV Canal 12 cambie su titularidad y otro tanto podría ocurrir con TV Canal 8. En lo que hace a los contenidos, los canales de TV abierta estarán obligados a emitir un 30% de producción propia. Cadena 3 debería transferir por lo menos 9 de las 19 emisoras que aparentemente posee ( se supone que conservará en Córdoba la AM y deberá desprenderse de una de las tres FM ( FM Popular, FM 100.5 y 106.9 ) y no podrá transmitir en cadena el 100% de su programación al resto de las emisoras como lo hace actualmente. La Ley prevee que “una emisora adherida a una o mas redes no podrá cubrir con esa programación mas del 30% de su emisión diaria “, salvo y “por excepción cuando se verifiquen cabeceras múltiples”.En tal caso podría ampliarse ese porcentual.

Otros cambios podrían sobrevenir según las opciones de adecuación que realice el grupo Clarín, respecto de Radio Mitre Córdoba ( AM ) así como a las FM Mía (104.1 ), la 97.9 y la 102.9 ( la 100 ). En la radio LV2 y en FM 99.7 no habría cambios en principio, ya que trascendió que no pertenecen más al grupo Vila-Manzano, pero esto deberá verificarse documentalmente. Otras modificaciones al mapa de medios en Córdoba se producirían en el denominado Córdoba Media Group ( Rock & Pop FM 95.5 ; Radio 10 FM 97.9 ; Mega FM 90.3 y Zero 91.7 ) ya que algunas de sus frecuencias son repetidoras de radios de Buenos Aires y según el art. 45. inc. 2 de la Ley, en el orden local es posible ser titular de hasta 2 (dos ) licencias de FM. Otro tanto ocurriría en el Grupo Shopping que explota las señales 88.9 Pobre Johnny; 96.1 FM Classics y la FM 94.7.

De cualquier forma "el cambio de manos" no augura un paisaje de mas variedad y calidad en las efemes comerciales, casi con seguridad lo que vendrá será más de lo mismo.

En cuanto al resto de las emisoras de la banda de FM en la ciudad de Córdoba, el AUFER deberá avanzar en un rápido y eficiente proceso de normalización que incluya una exhaustiva evaluación de la situación de las distintas emisoras, sus antecedentes y la documentación con la que cuentan ( art. 159 y 160 de la nueva Ley ). El otorgamiento de licencias a las radios comunitarias que existen se torna un imperativo, si se toma en cuenta su larga trayectoria en la lucha por su legalidad y por una nueva Ley.

El art. 89 inciso f) de la Ley 26522 dice “ se reservará el 33% de las localizaciones radioeléctricas en todas las bandas de radiodifusión sonora y de televisión terrestre en todas las áreas de cobertura, para las personas de existencia ideal sin fines de lucro”. Esto significa el 33% del espectro en la banda AM, FM y TV. En la ciudad de Córdoba, la asignación de frecuencias en la banda de FM para las organizaciones sin fines de lucro no se verificaràn en lo inmediato, por las dificultades que presenta como “zona de conflicto” ( sobresaturación del espectro), pero sí aparece como mas probable el llamado a concurso para la asignación de frecuencias en la banda de AM y para televisión.

Es inimaginable una radio AM en la ciudad de Córdoba gestionada por un consorcio de organizaciones sociales que pueda ser otra opción en el dial? Una radio popular masiva, con una programación entretenida y de calidad, con información variada, con un discurso progresista, simple, crítico, con formatos radiales atractivos y novedosos, es pedir demasiado?

El panorama en la banda de FM cambia en el interior de la provincia, donde “el aire” está mas despejado. Desde un punto de vista práctico, allí es donde se abren mas oportunidades para el desarrollo de nuevas radios de gestión social.

En cuanto a los medios universitarios se hace necesario debatir dentro y fuera de la Universidad Nacional, qué rol y que contenidos deberían aportar a la ciudadadanía los SRT en función del nuevo paradigma de la Ley: la comunicación como un bien público y como un derecho humano.

La FM 94.3 de la Universidad Tecnológica Regional puede seguir sin programación solo porque así lo ha decidido de manera unipersonal su Decano? La radio desde hace más de un año emite solamente música.

Finalmente, para ampliar la oferta televisiva, debe ser instrumentada sin más demora la posibilidad de que la TV Pública ( Canal 7 ) pueda verse por señal abierta en toda la geografía provincial y los canales Encuentro y Telesur puedan verse por cable con abono social.

Espacios de Participación

En relación al Consejo Federal de Comunicación y el Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos ya constituídos, es necesario trazar algunas estrategias que permitan aprovechar esas instancias de participación, por ej: interactuando con el representante de la provincia de Córdoba en el Consejo Federal y/o con los representantes de los distintos sectores que lo integran. Proponiendo que el mismo no solo se reúna en Capital Federal sino también en las provincias, etc. Por otra parte, sería interesante pensar la posibilidad de constituir espacios de participación de carácter provincial (aún sin estar contemplados en la nueva Ley por la vía interpretativa podrían asimilarse) por ej : un Consejo Consultivo de Medios Públicos de la Provincia de Córdoba.

Otra apuesta podría ser fortalecer a la Coalición por una Radiodifusión Democrática Córdoba, como un ámbito amplio, diverso y plural, que tenga entre otros objetivos, realizar el seguimiento de la implementación de la nueva Ley en Córdoba, promover proyectos por ejemplo para reglamentar la asignación de la publicidad oficial provincial, etc.

(*) Director de la Radio comunitaria FM Sur; Vicepresidente de FARCO – Foro Argentino de Radios Comunitarias

viernes, 27 de noviembre de 2009

LA VICTIMA ES LA VICTIMA


Mujer en Banda - Carlos Alonso


Por Eva Giberti *

El tema se les ha escapado de los mensajes en los correos electrónicos y de las listas y foros regulados por mujeres preocupadas e interesadas en el tema violencias contra el género.

Ya no somos tan sólo un grupo de mujeres que, en nuestro país y desde la década del 80, introducíamos el tema violencia familiar en cualquier lugar en el que participábamos; ahora las páginas de los periódicos, las voces de las radios y las imágenes de la tevé abundan en advertencias, denuncias y promoción de los derechos humanos de las mujeres.

Imposible desconocer la existencia de golpeadores decididos a imponer sus prepotencias en la vida de las mujeres y no alcanzan las excusas del imaginario social que sostenía que “siempre fue así”, ni resultan graciosas las letras de tango que se regocijan afirmando que “si no te rompo de un tortazo es por no pegarte en la calle”. Y en cuanto una cumbia o un rap amaga con promover el estilo, desde las legislaturas surge alguna diputada reclamando el límite para ese segmento de educación que la música popular promueve.

Jamás supusimos que el universo de golpeadores y de sus cómplices, admiradores, sostenedores, justificadores y defensores retrocedería y esperábamos la aparición del recodo desde el cual pretenderían avanzar. Recodos hubo muchos. Ahora el nuevo invento resultaría ingenuo si no fuese peligroso. Reside en que en determinadas instituciones oficiales, ante la mujer golpeada que denuncia al compañero que forma parte de esa institución, se utilizará la palabra “entrevistada” cuando ingresa en el circuito de admisión. Le tocará a ella demostrar que sus lesiones estuvieron a cargo del golpeador. Hasta que lo demuestre legalmente no será una víctima. Lógica que responde a una antigua historia relacionada con el Código Penal Procesal, que depende de una sentencia relativa a la “denunciante” no evaluable como víctima. Estamos frente a un cuidadoso respeto por el tramo jurídico que involucre la violencia familiar, frecuentemente caratulada por los jueces, una vez que se ha judicializado la historia, como “lesiones leves” (procedimiento que torna muy complejo realizar estadísticas acerca de esta índole de violencias clasificadas según una nomenclatura que elude su nombre propio, fenómeno que encontramos en todo nuestro país).

¿Qué sucedería con las estadísticas si siempre se procediera de ese modo, refiriéndose a “entrevistadas”, por ejemplo cuando la víctima recurre a una institución pidiendo ayuda o cuando nos llama por teléfono al número 137 –abierto los 365 días del año– para que la Brigada Móvil que atiende urgencias en violencia familiar llegue a su domicilio y la conduzca a realizar la denuncia y al hospital para ser atendida, además de buscarle un refugio transitorio? ¿Deberíamos pensar que esas mujeres refugiadas en un rincón de la casa y abrazadas a sus hijos serán nuestras entrevistadas o las víctimas a las que debemos auxiliar y asesorar?

Con la idea de “entrevistadas” –negando en la admisión que nos encontramos ante una mujer golpeada– empezarían a perder sentido las declaraciones de los organismos internacionales que vienen calificando la violencia como lo hizo Kofi Annan, secretario general de la ONU: “La violencia contra las mujeres y las niñas es un problema con proporciones de epidemia, quizás la violación de los derechos humanos más generalizada de las que conocemos. Destroza vidas, rompe comunidades y detiene el desarrollo”. ¿Acaso Annan hablaba de “entrevistadas”?

Los médicos que atienden en sus consultorios a una mujer que solicita atención y no cuenta que la fractura de su brazo es producto de un golpe, ¿deberá considerarla protagonista de una entrevista profesional y admitirla como “accidentada” en lugar de alertarse ante una posible víctima de violencia familiar?

Otro modelo “de vanguardia”

Este elude la existencia de la víctima al hablar de “mujeres en situación de violencia”. El argumento recala en una bienintencionada tesis: calificar a la víctima como tal es estigmatizarla. Sabemos que estigma corresponde al latín stigma, marca impuesta con hierro candente. O sea, quedará instalada de manera permanente. Que es lo que le sucede a la mujer golpeada. Más aún, quienes trabajamos con ellas años después de haber finalizado su relación con el golpeador, sabemos que titubean en contar públicamente “yo fui una mujer golpeada”; es decir, el recuerdo de haber sido infamada por la violencia no desaparece porque ahora ella ya no la padezca y podamos luchar abiertamente contra ese delito. Parte de la gravedad del mismo resulta de los efectos que esa violencia incrustó en la víctima, aunque ella actualmente haya finalizado ese periplo.

La pretensión de proponer la frase “mujer en situación de violencia” puede ser producto del deseo de que ella sobreviva lúcidamente de esa situación, dado que ése es uno de los principios básicos en el que trabajamos con mujeres golpeadas, puesto que de una situación se emerge y de un estigma no. El punto de inflexión es ése: la mujer podrá sobreponerse a la situación, la modificará –cuando pueda–, pero la marca que puso en marcha y definió su necesidad de huir de la violencia y de denunciar al golpeador está sostenida por la memoria del estigma con que el golpeador la marcó. Es esa ferocidad de la marca la que se instituye en potencial para defenderse.

Los argumentos de los sueños de las mujeres que fueron golpeadas y eludieron la violencia, los sobresaltos con que responden, años después de haberse separado del golpeador ante contactos bruscos (empujones casuales por ejemplo), nos hablan de la memoria marcada aunque en la vida se haya “superado” la experiencia como víctima. La preocupación por la estigmatización reside en que se teme que sea la comunidad la que descalifique a quien fue golpeada –lo que suele suceder– y se supone que suprimir la palabra víctima y sustituirla por “mujer en situación de violencia” logrará la maravilla.

Esa sustitución semántica no educará a la comunidad, por el contrario, tiende a disimular que hay golpeadores que producen marcas perdurables. “Mujer en situación de violencia” se desliza hacia el achicamiento o encubrimiento de esa violencia a la que se posiciona como “situacional”, es decir, modificable en sí y transitoria. O sea, desconoce los femicidios en aumento.

También desconoce la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas en 1985: “Se entenderá por víctima a las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros, incluida la que proscribe el abuso del poder”.

El universo preocupado por neutralizar los movimientos que actualmente transparentan la gravedad de las distintas formas de violencia contra las mujeres genera alternativas destinadas a revertir lo que en materia de esas violencias ya se ha evidenciado como problema grave. Actualmente, apenas se sostienen los mitos alrededor de la violencia familiar o doméstica pero se crean modelos propios de la violencia simbólica, como los que acabo de enunciar. Lo cual propicia que tengamos, cada día, una responsabilidad creciente: la inteligencia siempre encendida y la acción irrenunciable.

* Coordinadora del programa “Las víctimas contra las violencias”, Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.

martes, 24 de noviembre de 2009

La inclusión de los más chicos



Los especialistas reivindican el subsidio a la niñez, que se ha convertido en el plan social más importante de América latina. No obstante, remarcan que el objetivo central para consolidar la integración social debe ser el pleno empleo.



Problemas estructurales

Por Nicolás Dvoskin *

El reciente anuncio del Gobierno, que pretende extender las asignaciones familiares a trabajadores en negro y desocupados, ha vuelto a poner en primer plano el no tan viejo debate sobre la política social. Decimos no tan viejo porque esta discusión tiene un origen muy claro en el tiempo: la consolidación del modelo neoliberal. La discusión sobre la política social estuvo ausente de la agenda hasta el golpe militar de 1976. Esto se debe a que existía en nuestro país –y en gran parte del mundo– un modelo económico que incorporaba a la vasta mayoría de la población, sobre la base de la preeminencia de la industria y el mercado interno. Por supuesto que había pobres, pero no se trataba de patrones estructurales. La irrupción del modelo neoliberal, que comenzó con la dictadura y se profundizó durante los noventa, desarticuló la estructura productiva, desguazó la industria y orientó a la Argentina hacia la valorización financiera y la preeminencia del sector de servicios. De esta manera, la necesidad de salarios altos para consumir el producto industrial y garantizar la rentabilidad del sistema productivo fue reemplazada por la necesidad sistémica de salarios bajos que aseguraran la competitividad internacional y la remisión de utilidades al exterior. El aumento de la pobreza no fue una consecuencia indeseada del neoliberalismo sino una condición necesaria de su reproducción. Aquí entra en escena, entonces, el debate por la política social.

Aunque el Gobierno plantee públicamente que la política de extensión de asignaciones familiares no es un plan social sino una igualación de derechos, esto es sólo un mote discursivo. Esto se sustenta en la comparación del programa con planes sociales de ejecución similar en otros países de América latina, como el Bolsa Familia de Brasil o el Plan Oportunidades de México. Estos programas, con evidente éxito, han consistido en la entrega de dinero a familias en situación de pobreza extrema a condición de que los niños vayan a la escuela y cumplan con las normas de vacunación. Una simple muestra de datos nos permite ver que esta medida que toma Argentina es el proyecto de este tipo más ambicioso del continente. En primer lugar, es el que más porcentaje del PBI destina al programa (0,83 por ciento contra 0,37 por ciento de Brasil y 0,31 por ciento de México). Pero, sobre todo, es el que más dinero destina a cada familia (166 dólares ajustados por paridad de poder adquisitivo por familia tipo contra 78 de Brasil y 101 de México). En síntesis, pensar en el proyecto como una extensión de lo que ya realizan exitosamente otros países, pero con mayores recursos, reporta un mensaje alentador. No es poca cosa estar hablando del plan social más importante de América latina.

¿Qué efectos tiene este programa sobre la economía nacional? Pues bien, suponiendo que se repitieran los resultados obtenidos en Brasil y México ciertamente habría una fuerte mejora en la calidad de vida de los más pobres. Además, habría un impulso a la demanda agregada que daría un empujón a una economía cuyo crecimiento se está desacelerando. Las estimaciones del programa en Brasil arrojan que un 95 por ciento de los recursos empleados han sido efectivamente gastados en alimentos. Si Argentina pudiera repetir este porcentaje habría un fuerte impulso a la producción de alimentos en el mercado interno y una baja en la pobreza. Pensando en las proyecciones del crecimiento, esta medida podría conducir a un aumento adicional del PBI de más del 1,5 por ciento vía efecto multiplicador.

Sin embargo, subsisten problemas estructurales. El reemplazo de las estructuras de integración social de antaño por políticas de entrega de dinero no repone los daños del neoliberalismo. Todo programa que transfiera dinero a las familias sin duda paliará la pobreza, mas no puede ser ni suficiente ni permanente. En primer lugar, porque la integración social genuina se da con trabajo, y este plan no fomenta ni aumenta el empleo ni reduce la precarización laboral. Pero, sobre todo, porque para que una transferencia de dinero tenga éxito debe pasar por el mercado, y ya sabemos que los mercados no son neutrales. Es decir, aumentar la demanda sobre mercados concentrados puede repercutir en un aumento de rentabilidades extraordinarias, y éste es el resultado evidente de aplicar medidas como el llamado “ingreso universal”. Para que el éxito de la política sea duradero, es necesario complementarla con medidas de corte estructural, como por ejemplo la producción estatal subsidiada de alimentos en Venezuela o las guarderías gratuitas de Suecia y Dinamarca. En todo caso, para combatir la pobreza más urgente ningún costo es demasiado alto.

* Licenciado en Economía (UBA), docente FCE-UBA y FCS-UBA, investigador Sephila-UBA.


Iguala derechos

Por Martín Burgos *

La crisis que golpeó a Estados Unidos a fines de 2008 y se expandió por el mundo abrió nuevamente el debate sobre las políticas sociales necesarias para enfrentar los ciclos de recesión que sufre toda economía capitalista. En la Argentina, frente al nuevo aumento de la pobreza y la indigencia ligada al aumento de la desocupación y la inflación, se vienen debatiendo alternativas para enfrentar la cuestión social. Por ejemplo, varias organizaciones sociales venían impulsando un ingreso universal a la ciudadanía, que consiste en implementar un ingreso mínimo a cada uno de los habitantes de nuestro país, que se adiciona al sueldo y/o la ganancia que el mismo recibe en el mercado. El ingreso ciudadano se nutre de un análisis en el cual se muestra cierto pesimismo respecto de las capacidades del mercado de trabajo para asegurar el pleno empleo.

En ese debate, el gobierno nacional impuso su propia perspectiva con la implementación de la asignación de 180 pesos mensuales por hijo menor de 18 años, extensiva a todos los trabajadores que no estén cobrando actualmente las asignaciones familiares. La medida, tal como fue formulada, fue apoyada por las dos centrales sindicales, numerosos movimientos sociales y la gran mayoría del sector progresista del país. La perspectiva oficial parte de una visión optimista del mercado de trabajo, que ocupa un lugar central en el teorema del círculo virtuoso “mayor producción-mayor empleo-mayores salarios-mayor consumo-mayor producción...”. Su principal sustento radica en los resultados alcanzados luego de la crisis fenomenal de 2001-2002. En efecto, la veloz recuperación del mercado de trabajo hizo que la tasa de desempleo bajara del 21,5 por ciento en mayo de 2002 hasta 7,5 por ciento a fines de 2007, como muestra impactante de la fuerte creación de empleo generado durante ese período, asociado a una mejora salarial general.

Sin embargo, a pesar de la bonanza, los altos niveles de empleo no registrado no pudieron reducirse en la misma proporción: en diciembre de 2007, todavía 40 por ciento de los empleados no estaba registrado ante la seguridad social. La heterogeneidad de situaciones laborales incluidas como empleo no registrado –desde los contratos basura de importantes empresas transnacionales hasta los empleos casuales en microempresas– hacen difíciles las soluciones universales, aunque se han tomado algunas medidas específicas, como el blanqueo de personal doméstico. El llamado “empleo en negro” parece haberse instalado como parte intrínseca de la relación salarial del modelo, y sus causas deben buscarse en la correlación de fuerza existente entre el Estado, las empresas y los trabajadores. El empleo en negro, además de restarles recursos al Estado y reducir los costos empresarios, tiene como consecuencia desarticular los derechos de los trabajadores. En efecto, las conquistas sociales logradas en la Argentina durante el siglo XX se dieron en un marco de cuasi pleno empleo y un bajo nivel de empleo no registrado. Por eso muchos aportes están atados al recibo de sueldo (jubilación, aportes patronales) y se gestionan a través del sindicato (obra social).

Ante la dificultad para reducir el empleo en negro, la extensión de la asignación familiar a los que no la percibían hasta ahora, asociada a la posibilidad de jubilarse sin aportes, tiene por efecto generar una tendencia hacia la igualación de los derechos a la seguridad social del trabajador (ocupado o desocupado) inscriptos en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, de la cual sólo gozaban hasta ahora los empleados en blanco. En esa perspectiva pragmática para seguir mejorando las condiciones de los trabajadores en negro, aún debe instalarse en el debate público la necesidad de mejorar el acceso al servicio de salud que en la actualidad es fragmentado y desigual en cuanto a sus prestaciones. Al depender de la obra social sindical, que en muchos casos terceriza sus prestaciones o directamente deriva recursos económicos a empresas de medicina prepaga, se deja sin derecho a la salud a los trabajadores no registrados.

Aunque todas estas medidas son y serían un avance, en el sentido de que los trabajadores en negro pasarían a ser “trabajadores en gris”, nada puede ocultar que la llave para superar los problemas de pobreza estructural se encuentra en seguir avanzando hacia el pleno empleo y lograr un trabajo decente para todos. En ese sentido, la alternativa del Estado como empleador en última instancia, en la cual el Estado ofrece empleo a toda persona que lo demanda, sigue siendo una alternativa válida en el camino hacia el pleno empleo.

* Investigador del Centro Cultural de la Cooperación.

Octavio Getino habla sobre la Ley de medios

SOY LA MIERDA OFICIALISTA

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