Por Cecilia Allami *
La Ley de Entidades Financieras constituyó la base jurídica de la Reforma Financiera de 1977, uno de los principales pilares del programa económico de la última dictadura militar. A nivel discursivo, esta reforma se basaba en las supuestas virtudes del mercado como mecanismo asignador de recursos y fijador de precios, y condenaba al mismo tiempo la intervención estatal en el sistema financiero. Según se argumentaba, la liberalización financiera mejoraría la competitividad del sector e incrementaría el ahorro y la inversión, fomentando así el desarrollo económico al liberar recursos de su estado de “represión”. De esta forma, en un contexto de liberalización creciente del mercado internacional de capitales, la nueva orientación desarticuló los instrumentos de intervención estatal característicos del modelo de industrialización por sustitución de importaciones vigentes hasta el momento, como el control de las tasas de interés o el crédito subsidiado. Este proceso tendió a profundizarse durante la década de 1990 a partir de la introducción de las normas de regulación prudencial de Basilea y la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, resultando en una transformación radical de la estructura del sistema financiero.
Así, entre 1977 y 2008 la cantidad total de entidades financieras cayó de 723 a 84. El número de bancos públicos –que abarcaban casi la totalidad del territorio nacional y manejaban una alta proporción de depósitos y créditos– se redujo a más de la mitad en el mismo período, observándose un particular debilitamiento de la banca provincial que fue en gran parte privatizada. Por su parte, el número de entidades extranjeras creció sostenidamente. Este fenómeno de concentración no sólo se circunscribió a la reducción absoluta del número de bancos, sino que también se verificó en términos de la creciente concentración de los activos y pasivos en pocas entidades. Simultáneamente, este esquema estimuló la conformación de conglomerados financieros, es decir, la participación de un grupo económico en más de un segmento de la intermediación financiera.
A su vez, estas transformaciones determinaron fuertes cambios en la estructura regional y sectorial del crédito. En líneas generales, los bancos han asignado recursos hacia los sectores que les han asegurado una mayor rentabilidad en el corto plazo. A partir de la década de
1990, el crédito a los sectores productivos se ha contraído considerablemente, priorizándose los préstamos para consumo. Asimismo, el acceso al crédito de las pymes se vio restringido por las altas tasas de interés, la desaparición de fuentes de financiamiento y los cambios en las regulaciones. Adicionalmente, una menor proporción de los préstamos estuvo destinada al interior del país, impactando negativamente en el desarrollo regional. En términos macroeconómicos, la desregulación del mercado financiero local y la cuenta de capital –que favorecieron la vigencia de altas y volátiles tasas de interés– generaron una significativa ciclicidad en el sector externo y potenciaron la fragilidad e inestabilidad de la economía.
Si bien los sucesivos gobiernos modificaron parcialmente algunos artículos de la Ley de Entidades Financieras, su espíritu se mantuvo inalterado durante más de 30 años. El resultado a largo plazo fue la concentración, privatización y extranjerización de un sistema financiero que no ha cumplido adecuadamente su rol de canalizar recursos hacia la actividad productiva. Es por esto que un plan integral de desarrollo debe incorporar una reformulación del marco regulatorio de los mercados financieros, con el propósito de recuperar instrumentos de política económica esenciales. En particular, es necesario identificar sectores estratégicos y desarrollar herramientas específicas para orientar el crédito a inversiones de mediano y largo plazo. En esta línea, y con el objetivo de reducir las disparidades regionales, debería considerarse la necesidad de financiamiento de las pymes del interior del país, ya que son las que más dificultades encuentran a la hora del acceso al crédito. A largo plazo, la reforma debería contemplar mecanismos tendientes a lograr un desarrollo económico y social más equitativo y equilibrado.
Un aspecto clave para el éxito de cualquier iniciativa de reforma es la firme voluntad política del Gobierno, dado que se verían afectados sectores que cuentan con un gran poder dentro de la actual estructura económica. Asimismo, el objetivo de que el crédito se oriente efectivamente hacia los fines previstos exige mecanismos eficientes de asignación y monitoreo del destino de los recursos. En definitiva, la ley vigente no es consistente con un Estado que debe participar activamente en los mercados financieros, favoreciendo el desarrollo productivo y limitando la especulación.
* Investigadora docente de UNGS.
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