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sábado, 30 de junio de 2012

CONTRATO SOCIAL



Por Alfredo Zaiat
En la discusión sobre el Impuesto a las Ganancias a los trabajadores en relación de dependencia intervinieron políticos, sindicalistas, trabajadores, comunicadores sociales y economistas del establishment. No fueron convocados a dar su opinión los que más saben del tema: los tributaristas y los contadores. Estos últimos se ocupan del aspecto técnico de la liquidación del impuesto, que la mayoría de los economistas ignoran porque nunca estudiaron esa materia. La omisión de la voz de los expertos ha provocado que el debate sea dominado por una sucesión de disparates conceptuales y técnicos.
Los contadores explican que un aspecto básico es saber que el Impuesto a las Ganancias es anual. Esto significa que el cálculo se hace una vez al año, pero se pagan anticipos a cuenta todos los meses. Esto sucede también en la Cuarta Categoría, donde existen las tablas de deducciones cuyos montos se van acumulando mes a mes, indicando al empleador las retenciones que debe hacer de acuerdo con la sumatoria de todos los salarios percibidos hasta la fecha. Por ese motivo, ejemplos de aislados pagos mensuales del tributo colaboran a la confusión, como el de Chazarreta. Precisar el promedio mensual sería lo correcto.
Los tributaristas, en tanto, lo primero que dicen es que una sociedad funciona con un contrato social básico de pago de impuestos para financiar el funcionamiento del Estado. Y que esos pagos tienen que recaer en mayor medida en los sectores que tienen más capacidad contributiva, o sea más ingresos. En ese consenso mínimo, afirman que el Impuesto a las Ganancias es fundamental porque es progresivo y promueve la equidad económica y social.
Aunque esas ideas parezcan elementales, de aceptación general, cuando se intentan tímidas modificaciones para fortalecer y profundizar ese contrato social el resultado son conflictos de proporciones. En 2008 hubo una rebelión del sector del campo para resistir la aplicación de un esquema de retenciones móviles a las exportaciones. El éxito de ese movimiento de preservación de privilegios, logrando que pequeños y medianos productores salieran a defender intereses de grandes propietarios, ha definido límites muy estrechos para diseñar una reforma fiscal que involucre al campo. Esos contornos quedaron en evidencia en la moderada reforma del Impuesto Inmobiliario Rural que impulsó la gobernación de la provincia de Buenos Aires, no sin antes tener que enfrentar un lockout, agresiones de dirigentes rurales y un importante desgaste político.
En estas semanas, la dirigencia sindical, tanto de la CGT como de la CTA, con diferentes modalidades y tonos en la demanda, expresaron la oposición a la aplicación de un impuesto a los ingresos a los trabajadores que ocupan el mejor lugar en la pirámide salarial. En esta agitación que reclama la actualización del mínimo no imponible, la situación de los trabajadores de ingresos medios, de 6000 a 12.000 pesos, fue colocada en el frente de la disputa. Al concentrar el reclamo en ese punto quedó de ese modo desplazado del debate inequidades propias del impuesto que benefician a los trabajadores-ejecutivos de altos ingresos, por ejemplo que la alícuota máxima sea del 35 por ciento cuando en otros países es del 42 al 47 por ciento.
Otra resistencia a reformas del sistema impositivo es la que en forma permanente ejerce el sector financiero y las grandes empresas contra cualquier forma de progresividad tributaria. Por caso, ante el esbozo de aplicar Ganancias a la renta financiera asustan sobre una eventual fuga de depósitos y el posterior desequilibrio que provocaría en el sistema bancario.
Todos los sectores tienen la misma estrategia para manifestar la oposición a cambios impositivos que los involucra: deslegitimar al Estado. Invierten el orden de la secuencia de la acción. Pagar impuestos no les correspondería en la medida en que se les exige porque no reciben a cambio buenos servicios del Estado. Consideran que el gasto público es ineficiente o evalúan que otros gozan de privilegios impositivos que ellos no tienen. Sin embargo, para tener derechos, primero hay que cumplir con obligaciones, en este caso impositivas en función a la capacidad contributiva. Así se desarrollaron los contratos sociales de las sociedades modernas. El Estado, a su vez, obtiene la relegitimación para el cobro de impuestos mediante la utilización eficiente de la recaudación tributaria, con criterio de beneficio social redistribuyendo ingresos. En caso de no ser así, los sectores sociales están en condiciones de exigir con legitimidad si pagan impuestos. Cuando no se cumple ese contrato se produce una “anomalía fiscal”, característica de la economía argentina, como describe el tributarista Jorge Gaggero.
Esa situación no es fácil de modificar con una clase media que paga pocos impuestos y una alta que lo hace en menor proporción que lo que debiera, además de ser especialistas en la elusión tributaria, y reciben pocos servicios públicos, lo que significa que queda bajo cuestionamiento el contrato social. El intento de reconstruirlo genera tensiones en la sociedad, más aún cuando arrastra décadas de desigualdad y desestructuración del Estado.
El impuesto a los ingresos de las personas recauda muy poco en relación al total. Economista del Plan Fénix y destacado tributarista, Salvador Treber explica que “tenemos puesto el poncho al revés”. Indica que, en casi todos los países de medios y altos ingresos, del 65 al 80 por ciento de la recaudación de Ganancias proviene de las personas físicas y el resto de las sociedades. Ilustra que en Estados Unidos las personas físicas aportan el 81,6 por ciento y las empresas el 18,4 por ciento restante de la recaudación por Ganancias. La relevancia de ese comportamiento es que los ingresos de los primeros pueden ser redistributivos, mientras que los de los segundos son perfectamente precalculables, entonces el empresario los incorpora a sus costos. “Así el efecto es semejante al de un impuesto al consumidor”, afirma Treber. Precisa que en Argentina, el 79,3 por ciento de Ganancias se recauda en cabeza de las sociedades, y un 20,7 por ciento en las personas.
En esa misma línea, Jorge Gaggero escribió en el documento “La progresividad tributaria”, publicado por el Cefid-Ar, que existe un débil Impuesto a las Ganancias aplicado “en gran medida a las empresas, con un impacto muy limitado sobre las personas, sin incidencia significativa sobre los más ricos”. Gaggero señala que esto ocurre por dos razones: por una parte, la alícuota marginal máxima del impuesto es baja (35 por ciento, igual a la alícuota general que tributan las empresas) y, por la otra, las bases de tributación son muy estrechas para las personas, al gravarse casi exclusivamente el trabajo personal, con débil progresividad.
Esta situación del Impuesto a las Ganancias convive con varias inequidades tributarias. Un IVA de altísima alícuota sin excepciones o sin una tasa reducida para los pobres, en alimentos básicos y vestimenta, como es usual en los países avanzados. No están gravadas las ganancias de capital que obtienen las personas físicas, un privilegio fiscal que constituye uno de los aspectos más regresivos del sistema impositivo. Tampoco está alcanzada la renta financiera, entre otras inequidades.
¿Por qué no se avanza entonces en una reforma tributaria de carácter progresivo?
Ni este gobierno ni los anteriores plantearon ese objetivo como prioritario. Treber esboza cuatro hipótesis para explicar ese desinterés. La primera es que cuando la recaudación sube no se considera necesario “aunque sería posible realizar cambios sin disminuir los ingresos”, afirma. Una segunda, “que no sepan cómo hacerla o que no cuenten con los especialistas ni los métodos para llevarla adelante”, especula. Agrega que la planificación de una reforma debe ser independiente de la AFIP, y debe estar a cargo de expertos y no de recaudadores, porque éstos tienden a proponer modificaciones sólo para facilitar la recaudación, que no es lo más importante desde la perspectiva de la política tributaria. La tercera es que “están de acuerdo con la estructura actual”. Treber ofrece una cuarta posibilidad: las limitaciones que tienen los gobiernos para afectar a sectores de poder. O sea, las restricciones que se terminan imponiendo a la voluntad política de gobiernos, ya sea con la resistencia a las retenciones móviles, a gravar la renta financiera o al impuesto a los ingresos de trabajadores de salarios medios y altos. De ese modo se va limitando la capacidad de alterar la anomalía del contrato social.

lunes, 18 de junio de 2012

ANOMIA CORDOBESA

por Emiliano Álvarez
La pregunta que hace varios años atormenta  a los militantes y adherentes del kirchnerismo en  Córdoba , sobre el “quilombo” que los envuelve,  podría ser definida como anomia por algunos sesudos cientistas , que casi siempre anidan en La Reina del Plata. Pero apenas es analizada un poco por los que caminan la provincia central del país , es rápidamente desechada  y aparecen con nitidez algunos razgos distintivos del variopinto entramado de la fuerza política que le ganó electoralmente al  nuevo y antiguo “cordobesismo” que gobierna la provincia desde el comienzo de la democracia .
Tratar de entender a nuestra política local  requiere remontarse a  algunos elementos que han alimentado durante mucho tiempo  a este formato  tan especial  del arte más antiguo de la humanidad; esta provincia conformada por importantes productores agrícolas , o sojeros , con altísimo poder adquisitivo , también generó empresas  automotrices que en los noventa mutaron de  ser los grandes conglomerados de operarios de salarios alto y gremios combativos de los 70′s, a una fuerza laboral reducida y con amplio abanico de trabajadores tercerizados, lo cual maceró un sector laboral muy interesado sólo en su salario y con gremios que defienden al sector sin mayor interés  en la masa de trabajadores en general ,  uno de sus dirigentes hoy es legislador del régimen y cacique de la CGT provincial.
Al mirar hacia los jóvenes nos encontramos con una Universidad  donde no hay debate de la política , ni en los claustros , ni en  sus adyacencias. Con una rectora que se manifiesta “entusiasmada” con el Proyecto Nacional pero que llegó al poder de la mano de la siempre ominosa Franja Morada, que casi sin interrupciones -excepto el intervalo en que gobernó el “Frente Santiago Pampillón”-,controla la UNC desde el  `83 a la fecha.  Esta alianza no ha sufrido resquebrajamientos  hasta ahora.
Solamente algunos colegios secundarios dieron batalla desde lo reinvindicativo , por la decadencia edilicia y la falta de mantenimiento de los mismos, pero esa lucha no logró pasar el cerco del reclamo sectorial. Lo paradójico es que muchos de ellos confrontaron con los dirigentes de un gremio de No docentes , que jamás contemplaron la búsqueda de consensos y la apertura a debatir sobre las políticas universitarias en general , sólo exigían el mejoramiento salarial sin mayor ansiedad por la Universidad en su conjunto. Esta politica sectaria los llevó a ser derrotados por una nueva alianza de trabajadores  afines a la rectora y al Proyecto Nacional, que surgen con una propuesta más abarcativa.
En los llamados partidos políticos, que en el caso del PJ es una gerencia  manejada por mano de hierro y declamada con palabras de seda , pese a generar compulsa interna , no alcanza a modificar en nada la trayectoria de las directivas surgidas del jefe del Cordobesismo actual  y aplicadas con certera decisión por el artesano de Valle Hermoso y legalmente conformadas por el abogado de voluminoso porte que mora en Belville.
Los cordobesistas nunca dicen otra cosa que son peronistas, lo dicen sin sonrojarse al mismo tiempo que un hormiguero perfora el piso donde esta arrumbado el busto de Evita, en la sede central del PJ cordobés. Esta gerencia mantuvo desde el 2003 a la fecha una danza  que pasó de la sutileza a la amenaza directa, cuidando el feudo, negociando con los radicales y siendo ostensiblemente el principal reservorio del neoliberalismo , pero sin generar enfrentamiento abierto con Cristina. Distintos funcionarios de Buenos Aires , renovaron durante estos años el círculo vicioso de evitar el choque manteniendo el flujo económico. Hoy todo parece indicar que la trayectoria de colisión es imparable , el jefe del cordobesismo ajusta un poco más cada día el escuálido cuerpo del PJ cordobés, golpeado en la médula por Cristina el 14 de agosto pasado. Para seguir al acecho del primer traspié que le pudiese ocurrir al gobierno de Cristina.
Muchos peronistas afiliados y militantes del PJ  desecharon el cordobesismo para sostener sin cortapisas al proyecto liderado por la Presidenta, algunos antes habian dado la batalla sin mayores  ayudas por los  referentes que “bajan” de Baires, en algunos circuitos lograron imponer a peronistas que responden a Cristina , pero la gran mayoía sucumbió al aparato. Otros autodenominados “kirchneristas-peronistas” cambiaron sus pieles , al ritmo que dejaba en claro los acuerdos subterráneos de Acastello que sonreía más que nunca el 7 de agosto , pero que nadie ha podido encontrarle  de nuevo la sonrisa sottista de entonces .
Ante el archipiélago cordobés , con una rectora que visita el norte de la provincia y organiza fiestas en la ciudad Universitaria, hay un recién asumido diputado nacional que se afana en acarrear hacia Baires a la Fundacion Mediterránea, para que construya casas con el dinero del ANSES y reuniones con referentes e intendentes , bajo la batuta del viejo y voluminoso sottista Jorge “zurdo” Montoya.
Más allá, hay un mar de pequeñas organizaciones , casi todas militadas con muchísimo esfuerzo por jóvenes. En casi todas el denominador común es que no logran enraizar en lo que la sociedad reconoce como sus dirigentes genuinos, esto es los centros vecinales en los barrios , los centros de estudiantes y las conducciones sindicales. Por primera vez los organismos nacionales más poderosos como el Anses, Pami y Ministerios de Desarrollo Social , son conducidos por militantes K , pero excepto el Pami que lo conduce un viejo militante peronista de San Justo, los otros  son personas de reciente aterrizaje en Córdoba.
Mas de 80 agrupaciones componen la militancia K, casi todas influidas por las decisiones de sus “terminales” en Baires , lo cual impide dar el debate franco y con capacidad de decidir en lo local , entonces se dan paradojales enfrentamientos entre organizaciones que en Córdoba trabajan juntas pero en Buenos Aires tienen feroces internas o viceversa.
Entendemos que la lógica que dimana desde el puerto en búsqueda de “gobernar” , genera innumerables  “fábricas de humo” que no pretenden disputar el poder politico en la provincia , sino resolver cuestiones minúsculas de personas o agrupaciones , que se debaten al fin en interdisputas para lograr cargos o “bajar” recursos, que van carcomiendo poco a poco la necesaria unidad y generando una desconfianza casi rayana en la guerra civil.
El acto del 27 de abril en Vélez , enmarcado en la consigna de UNIDAD Y ORGANIZACIÓN , ha impulsado mucho entusiasmo en todo el espectro K, se han desatado múltiples reuniones que se hablan de “unidad”, pero en las cuales aún no se pone en el centro del debate , la cuestion del “cordobesismo”, con una necesaria e imprescindible valoración de las ideas centrales surgidas en 2003 , de modo que un Estado presente que interviene en la economía y en lo social para incluír y fortalecer a los más débiles, avive el debate con este proyecto confrontándolo en sus bases más profundas , para que las camaleónicas piruetas surgidas estos años  no se consoliden en las prácticas. Porque si no se logra erigir una creciente disputa con este pensamiento decadente del neoliberalismo conservador , no podrá construirse ni las herramientas políticas de unidad del Kirchnerismo cordobés, ni tampoco se podrá dar la batalla para abatir con éxito en 2013 y 2015 al brutal, oxidado y debilitado cordobesismo actual.

Octavio Getino habla sobre la Ley de medios

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