EL CASO DE LAS RETENCIONES Por Aldo Ferrer.

Emergencias y estructura productiva.

El campo argentino enfrenta una situación crítica provocada por la
sequía. La emergencia reclama el apoyo de la sociedad y las políticas
públicas para ayudar a los productores y compensar, en la mayor medida
posible, las consecuencias del siniestro. En este escenario, deben
replantearse los problemas y evaluar el marco regulatorio del sector
agropecuario y la cadena agroalimentaria. Es, entonces, comprensible la
reciente propuesta de los gobernadores de Santa Fe y Córdoba de
suspender el cobro de las retenciones a las exportaciones agropecuarias
por un período, mientras dure la emergencia.

La necesidad de recurrir en apoyo del campo es incuestionable. El
interrogante es si suspender el cobro de las retenciones es o no la
forma más eficaz de hacerlo atendiendo, al problema puntual, en el
contexto de los intereses de toda la economía nacional y su pleno
desarrollo en la actualidad y el largo plazo.

La respuesta es no porque la emergencia del campo debe resolverse sin
desatender los problemas estructurales preexistentes, que es lo que
sucedería si se suspenden las retenciones y establece un tipo de cambio
único. Por lo tanto, si se decide que el ingreso fiscal de las
retenciones vuelva al campo para paliar las consecuencias de la sequía,
no debería ser a través de su eliminación o suspensión, sino por medio
de la transferencia de los fondos involucrados a los programas de ayuda,
con la mayor participación posible de los gobiernos provinciales. Debe
evitarse que esta situación de emergencia se convierta, en otra vía, de
la apreciación del tipo de cambio y el desaliento a la inversión y
transformación de la estructura productiva.

Los países que sustentan su desarrollo básicamente en sus recursos
naturales abundantes (petróleo, cobre, tierras fértiles, etc.), nunca
llegan a ser naciones integradas avanzadas ni, por lo tanto, superar el
subdesarrollo. Argentina debe contar con una estructura integrada
agroindustrial, entre otras razones, para gestionar el conocimiento. La
ciencia y la tecnología son los motores fundamentales del desarrollo y
sólo se despliegan plenamente en las economías integradas industriales
complejas. Si además ellas cuentan, como sucede en los Estados Unidos,
Canadá y Australia, con grandes recursos naturales, amplían sus
posibilidades de crecimiento. Argentina puede también lograrlo.

Es, por lo tanto, indispensable ubicar el problema de la emergencia
agropecuaria en su debido contexto y tener en cuenta que los precios
relativos en la economía argentina son distintos a los internacionales.
En nuestro país, los productos del campo son relativamente más baratos
que los industriales por dos razones. Por un lado, la extraordinaria
dotación de recursos naturales del país fortalecida, en los últimos
lustros, por la capacidad de buena parte del empresariado rural de
aplicar las tecnologías de frontera.

Por el otro, el todavía insuficiente desarrollo industrial del país
debido a las turbulencias políticas y económicas que signaron nuestra
historia. Esa asimetría entre los precios relativos internos y los
internacionales implica que, para otorgarle competitividad, en el
mercado interno y en el mundial, a la totalidad de la producción
nacional de bienes sujetos a la competencia internacional, tiene que
haber tipos de cambio diferenciales para los diversos sectores productivos.

Esto es válido con sequía o sin ella y emergencia agropecuaria, y es la
consecuencia inevitable de lo que Marcelo Diamand llamó la “estructura
productiva desequilibrada”. Por ejemplo, si para que la producción de
soja sea rentable es necesaria, digamos, una paridad de dos pesos por
dólar, para que lo sea la de textiles, productos químicos, maquinarias,
etc., es necesaria una paridad, supongamos, de cuatro. Si el tipo de
cambio se fija en dos pesos por dólar, no hay retenciones pero
desaparece buena parte de la producción manufacturera.

Al mismo tiempo, por diversos mecanismos, como sucedió en tiempos de la
“tablita” y de la convertibilidad, se termina castigando también al
campo. Si la paridad se fija en cuatro pesos sin retenciones, se genera
una renta excesiva en la soja que profundiza los desequilibrios en la
estructura productiva del país.

Todos los estados modernos administran las señales de precios del
mercado internacional, para acomodarlas a las características de sus
precios relativos y estructuras productivas internas, con vistas a su
pleno desarrollo económico y social. Éste es el sentido de los subsidios
de la Política Agrícola Común de la Unión Europea, sin los cuales no
existirían el agro ni seguridad alimentaria en Europa.

La sequía ni la emergencia que atraviesa el campo modifican las
características estructurales de la economía argentina. En consecuencia,
si se suspendieran las retenciones existiría un tipo de cambio único e,
inevitablemente, sobrevaluado. Vale decir, un tipo de cambio de
equilibrio de mercado (TCEM) que torna no competitiva, en el mercado
interno y en el mundial, la producción interna, no basada en los
recursos naturales

Además, para evitar el impacto de los precios internacionales sobre los
alimentos en el mercado interno, bajo un régimen de tipo de cambio único
sin retenciones, el Gobierno estaría impulsado a apreciar la moneda aún más.

Al mismo tiempo, esa política cambiaria fomentaría las entradas de
capitales especulativos, que son atraídos por las altas tasas de interés
prevalecientes en economías con paridades sobrevaluadas. Este enfoque
genera desequilibrios macroeconómicos insostenibles y escenarios
inestables, por la volatilidad de los mercados financieros y las fuertes
variaciones a que están sujetos los precios internacionales de los
productos primarios. Esto siempre es fatal y, mucho más lo sería en el
actual contexto internacional.

En sentido contrario, una política cambiaria orientada a dar respuestas
a los desequilibrios de la estructura productiva, promover la
competitividad de la producción interna de bienes y servicios transables
y desalentar los movimientos de capitales especulativos, opera con tipos
de cambio de equilibrio desarrollistas (TCED). Tal política cambiaria
supone que el tipo de cambio conveniente es aquel que persigue cuatro
fines principales.

A saber:

1. Privilegiar el compre nacional en las decisiones de gastos de consumo
e inversión de las empresas, las familias y el gobierno.
2. Estimular la diversificación de las exportaciones incorporando bienes
y servicios de creciente contenido tecnológico y valor agregado y, por
lo tanto, impulsando la gestión del conocimiento y la transformación de
la estructura productiva.
3. Lograr que el lugar mas rentable y seguro para invertir el ahorro
interno sea el propio país.
4. Desalentar los movimientos de capitales especulativos creando
incertidumbre en los especuladores y previsibilidad en los tomadores de
decisión de inversión productiva.

El TCED contribuye al crecimiento del comercio exterior y a generar un
superávit en la cuenta corriente del balance de pagos, con el
consecuente aumento de reservas del Banco Central. Por lo tanto,
fortalece la estabilidad macroeconómica y los mecanismos de defensa
frente a las turbulencias internacionales.

Éste es uno de los dilemas centrales que tiene que resolver actualmente
la política económica. A saber, cómo sostener un TCED con tipos de
cambio diferenciales, en el marco de una crisis internacional de vasto
alcance y la emergencia agropecuaria planteada por la sequía.

En consecuencia, lo que debería discutirse no son las retenciones sino
las medidas para enfrentar la emergencia incluyendo la asignación, para
tales fines, de los ingresos fiscales originados en las mismas. Es
también imprescindible resolver la emergencia atendiendo a las
situaciones diferentes dentro del complejo sector que, para simplificar,
llamamos campo, tanto por tamaño de empresas, producciones, regiones
cuanto en la dimensión social involucrada en la agricultura familiar y

las condiciones de empleo y retribución de los asalariados rurales.