En las democracias contemporáneas, los partidos políticos son los instrumentos fundamentales de canalización y representación de los intereses sociales. Por eso, para que las democracias de partidos funcionen adecuadamente, es necesario que haya democracia en y entre los partidos. Este proyecto de ley avanza en esa dirección, y por eso enumeramos 10 razones para apoyar su aprobación:
1. Establece la realización de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. La utilización de mecanismos de selección de candidatos que incluyan la participación de la ciudadanía está creciendo en el mundo. Además del caso paradigmático de los Estados Unidos de América, países de la región como Costa Rica, Uruguay y Colombia han incorporado este requisito en su legislación electoral. Incluso en Europa, donde los partidos tradicionalmente seleccionaban a los candidatos mediante los órganos de gobierno partidarios, actualmente se están difundiendo métodos más abiertos, como lo prueban experiencias recientes en Francia, Italia y el Reino Unido. En Uruguay rige un esquema como el propuesto desde 1997, y los partidos son indudablemente más fuertes e institucionalizados que antes. También la Provincia de Santa Fe constituye una valiosa experiencia de aplicación de un sistema similar.
2. La implementación de este sistema impide que quienes sean derrotados en una primaria compitan en la elección general, evitando la proliferación de sellos electorales que se crean para cada comicio y carecen de inserción efectiva en la sociedad. Así, se fortalece a los partidos como herramientas de participación popular en los asuntos públicos, en desmedro de “partidos flash” meramente personalistas. Partidos sólidos, con un robusto anclaje social, contribuyen a una competencia política más estable, que permita a los ciudadanos conocer sus programas de gobierno, emitir un voto informado y controlar más adecuadamente el desempeño de sus representantes.
3. Con el mismo objetivo de garantizar que los partidos políticos cuenten con una representatividad real en la sociedad, se elevan los requisitos para la constitución de un partido (acreditando la afiliación de al menos el 5‰ del electorado), se fortalecen los mecanismos de control sobre dichos niveles de afiliación y se eleva el piso mínimo a alcanzar para mantener la personería (3% del padrón en 2 elecciones sucesivas). En la mayoría de los países existen restricciones similares que impiden la atomización del sistema de partidos, incluyendo en algunos casos elevados umbrales electorales o incluso la fijación de un número mínimo de bancas para conformar un bloque legislativo. La experiencia comparada muestra que la fragmentación excesiva del sistema partidario es perjudicial para la democracia, y por eso este proyecto pretender corregir tal debilidad de nuestro sistema actual, que presenta más de 680 partidos con personería jurídica.
4. Para democratizar efectivamente la competencia electoral, el Estado garantizará a todos los partidos espacios de publicidad en medios audiovisuales, de forma equitativa y proporcional. Junto a esto, se prohíbe la contratación privada de estos espacios, que actualmente consume casi el 90% de los recursos destinados a las campañas electorales. De este modo, la competencia electoral se vuelve más transparente y equitativa, garantizando la difusión de todas las propuestas y su acceso por parte de la ciudadanía. Un esquema como el propuesto rige en Francia, Reino Unido, España, Portugal, México, Brasil y (con pequeñas diferencias) Chile y Colombia, entre otros países.
5. Se prohíben las contribuciones a los partidos por parte de personas de existencia ideal, permitiéndose solamente las de personas físicas. Se entiende que todo ciudadano tiene derecho a apoyar al partido que lo desee, pero las corporaciones en sí mismas no cuentan con ese derecho. Así, se evita cualquier posible influencia de éstas en los actos de gobierno de los partidos políticos, preservando el principio básico de la democracia de la igualdad política de todos los ciudadanos. A la vez, el proyecto establece que se otorguen en forma más equitativa los fondos públicos para los partidos políticos, pasando a distribuirse el 50% en forma igualitaria y el 50% de acuerdo a los resultados de la última elección. Nuevamente, el objetivo es democratizar la competencia electoral.
6. Se regula la publicación de encuestas y estudios de opinión, para que la ciudadanía conozca quién ha contratado y bajo qué metodología ha sido elaborado cada estudio difundido en los medios de comunicación. Junto a esto, se crea un Registro de Empresas de Encuestas y Sondeos de Opinión, que permitirá transparentar el funcionamiento y difusión de estos estudios. Estas disposiciones siguen normativas similares establecidas en países como Brasil, Ecuador, Portugal y Bélgica. El objetivo es que las encuestas no sean utilizadas como un instrumento de manipulación al elector, sino de información y análisis electoral.
7. Se impide a los partidos la presentación de candidatos a ocupar cargos públicos a personas con auto de procesamiento por delitos de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos. Se busca garantizar la convicción democrática de quienes aspiran a representar a la ciudadanía. Nuestra democracia debe decir Nunca Más a los ejecutores del terrorismo de Estado y la represión ilegal.
8. Se unifican los padrones masculino y femenino, terminando con una división anacrónica y prácticamente única en el mundo, y dando un nuevo paso en promover la igualdad de género en la República Argentina.
9. Cubriendo un vacío de la legislación vigente, se regula la constitución de alianzas, confederaciones y fusiones, estableciendo un criterio homogéneo para todos los distritos del país. Se trata de ordenar y hacer más previsible el funcionamiento de nuestro régimen de partidos, tanto para la ciudadanía como para los propios actores políticos.
10. Se incorporan nuevas tecnologías en distintas etapas del procedimiento, a fin de modernizar y agilizar el proceso electoral. En la era digital, es necesario adoptar mecanismos que fortalezcan la celeridad y confiabilidad con que se organizan los comicios, y para ello se crea el Registro Nacional de Electores en soporte magnético. Esto permitirá actualizar la información de los padrones en forma permanente y reducir tiempos y costos del proceso eleccionario.
Por las razones expuestas, el proyecto de Ley de Democratización de la Representación Política, Equidad y Transparencia electoral constituye un salto de calidad institucional que fortalecerá a los partidos políticos, reducirá la brecha entre representantes y representados y mejorará el funcionamiento de la democracia argentina.
1. Establece la realización de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. La utilización de mecanismos de selección de candidatos que incluyan la participación de la ciudadanía está creciendo en el mundo. Además del caso paradigmático de los Estados Unidos de América, países de la región como Costa Rica, Uruguay y Colombia han incorporado este requisito en su legislación electoral. Incluso en Europa, donde los partidos tradicionalmente seleccionaban a los candidatos mediante los órganos de gobierno partidarios, actualmente se están difundiendo métodos más abiertos, como lo prueban experiencias recientes en Francia, Italia y el Reino Unido. En Uruguay rige un esquema como el propuesto desde 1997, y los partidos son indudablemente más fuertes e institucionalizados que antes. También la Provincia de Santa Fe constituye una valiosa experiencia de aplicación de un sistema similar.
2. La implementación de este sistema impide que quienes sean derrotados en una primaria compitan en la elección general, evitando la proliferación de sellos electorales que se crean para cada comicio y carecen de inserción efectiva en la sociedad. Así, se fortalece a los partidos como herramientas de participación popular en los asuntos públicos, en desmedro de “partidos flash” meramente personalistas. Partidos sólidos, con un robusto anclaje social, contribuyen a una competencia política más estable, que permita a los ciudadanos conocer sus programas de gobierno, emitir un voto informado y controlar más adecuadamente el desempeño de sus representantes.
3. Con el mismo objetivo de garantizar que los partidos políticos cuenten con una representatividad real en la sociedad, se elevan los requisitos para la constitución de un partido (acreditando la afiliación de al menos el 5‰ del electorado), se fortalecen los mecanismos de control sobre dichos niveles de afiliación y se eleva el piso mínimo a alcanzar para mantener la personería (3% del padrón en 2 elecciones sucesivas). En la mayoría de los países existen restricciones similares que impiden la atomización del sistema de partidos, incluyendo en algunos casos elevados umbrales electorales o incluso la fijación de un número mínimo de bancas para conformar un bloque legislativo. La experiencia comparada muestra que la fragmentación excesiva del sistema partidario es perjudicial para la democracia, y por eso este proyecto pretender corregir tal debilidad de nuestro sistema actual, que presenta más de 680 partidos con personería jurídica.
4. Para democratizar efectivamente la competencia electoral, el Estado garantizará a todos los partidos espacios de publicidad en medios audiovisuales, de forma equitativa y proporcional. Junto a esto, se prohíbe la contratación privada de estos espacios, que actualmente consume casi el 90% de los recursos destinados a las campañas electorales. De este modo, la competencia electoral se vuelve más transparente y equitativa, garantizando la difusión de todas las propuestas y su acceso por parte de la ciudadanía. Un esquema como el propuesto rige en Francia, Reino Unido, España, Portugal, México, Brasil y (con pequeñas diferencias) Chile y Colombia, entre otros países.
5. Se prohíben las contribuciones a los partidos por parte de personas de existencia ideal, permitiéndose solamente las de personas físicas. Se entiende que todo ciudadano tiene derecho a apoyar al partido que lo desee, pero las corporaciones en sí mismas no cuentan con ese derecho. Así, se evita cualquier posible influencia de éstas en los actos de gobierno de los partidos políticos, preservando el principio básico de la democracia de la igualdad política de todos los ciudadanos. A la vez, el proyecto establece que se otorguen en forma más equitativa los fondos públicos para los partidos políticos, pasando a distribuirse el 50% en forma igualitaria y el 50% de acuerdo a los resultados de la última elección. Nuevamente, el objetivo es democratizar la competencia electoral.
6. Se regula la publicación de encuestas y estudios de opinión, para que la ciudadanía conozca quién ha contratado y bajo qué metodología ha sido elaborado cada estudio difundido en los medios de comunicación. Junto a esto, se crea un Registro de Empresas de Encuestas y Sondeos de Opinión, que permitirá transparentar el funcionamiento y difusión de estos estudios. Estas disposiciones siguen normativas similares establecidas en países como Brasil, Ecuador, Portugal y Bélgica. El objetivo es que las encuestas no sean utilizadas como un instrumento de manipulación al elector, sino de información y análisis electoral.
7. Se impide a los partidos la presentación de candidatos a ocupar cargos públicos a personas con auto de procesamiento por delitos de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos. Se busca garantizar la convicción democrática de quienes aspiran a representar a la ciudadanía. Nuestra democracia debe decir Nunca Más a los ejecutores del terrorismo de Estado y la represión ilegal.
8. Se unifican los padrones masculino y femenino, terminando con una división anacrónica y prácticamente única en el mundo, y dando un nuevo paso en promover la igualdad de género en la República Argentina.
9. Cubriendo un vacío de la legislación vigente, se regula la constitución de alianzas, confederaciones y fusiones, estableciendo un criterio homogéneo para todos los distritos del país. Se trata de ordenar y hacer más previsible el funcionamiento de nuestro régimen de partidos, tanto para la ciudadanía como para los propios actores políticos.
10. Se incorporan nuevas tecnologías en distintas etapas del procedimiento, a fin de modernizar y agilizar el proceso electoral. En la era digital, es necesario adoptar mecanismos que fortalezcan la celeridad y confiabilidad con que se organizan los comicios, y para ello se crea el Registro Nacional de Electores en soporte magnético. Esto permitirá actualizar la información de los padrones en forma permanente y reducir tiempos y costos del proceso eleccionario.
Por las razones expuestas, el proyecto de Ley de Democratización de la Representación Política, Equidad y Transparencia electoral constituye un salto de calidad institucional que fortalecerá a los partidos políticos, reducirá la brecha entre representantes y representados y mejorará el funcionamiento de la democracia argentina.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario