¿Inclusión o exclusión para los argentinos? Por Eric Calcagno
La Unidad nacional es mucho más que una consigna: ha sido el objetivo de todas las constituciones que se dio la argentina. Para lograrla, en el plano social es indispensable solucionar las desigualdades esctructurales del país
Alfredo Eric Calcagno El primer objetivo fijado en todas las constituciones nacionales argentinas, desde la de 1853 hasta la de 1994, es la unión nacional. Su práctica supone defender la soberanía e integrar e intercomunicar a todos sus habitantes y regiones en un pie de igualdad. Implica un sentido de pertenencia, con una fuerte dosis de solidaridad social, que privilegia la homogeneidad social y la integración física nacional.
No se trata de un bien que nos haya sido otorgado de modo irrevocable, sino de un valor cuya preservación implica una lucha permanente. En el plano social y regional, se quiebra la unidad nacional cuando impera la heterogeneidad estructural (desempleo, distribución muy desigual del ingreso, diferentes accesos a los servicios de salud y sanitarios entre grupos sociales y regiones). En lo físico se atenta contra ella cuando no existen medios de comunicación y transporte que vinculen todo el país. En los ámbitos económico y político, se la vulnera cuando se hace prevalecer el interés de un sector por sobre el del conjunto nacional. En el plano informativo se deteriora la unión nacional cuando existen sectores monopólicos y hay grupos cuya opinión no se difunde.
Distintas fuerzas y modelos. La característica central de los modelos de desarrollo que se han alternado en la Argentina consiste en su naturaleza integradora o excluyente. El modelo industrializador que se consolida en los años 1940 tuvo como eje la integración de las clases trabajadoras en un aparato productivo en plena mutación, incorporándolas al consumo moderno y a la seguridad social; no menos importante que esa inclusión económica y social e inseparable de ellas fue su incorporación masiva a la vida política y sindical. La integración nacional entonces se tradujo por una redistribución progresiva del ingreso, un sector financiero y un ordenamiento del comercio exterior (Iapi) que favoreció el desarrollo industrial y unos servicios públicos nacionalizados que buscaban mejorar la integración física de los argentinos.
Los sucesivos golpes militares procuraron todos revertir esa participación y devolver el monopolio de la política al establishment económico y a sus aliados nativos y extranjeros. La restauración oligárquica adoptó su faz más nítida y brutal con el modelo neoliberal instalado en 1976. No se trató entonces sólo de una exclusión política de las mayorías populares, sino también de instaurar un modelo excluyente en lo económico, social y regional.
En este contexto, están en juego varios problemas de fondo. El primero es la índole de la futura Argentina: si, continuando el ciclo comenzado en 2003, seremos un país con hegemonía industrial y con servicios y agricultura de punta; o si prevalecerán el sector rentístico y los monopolios. En cada caso, predominará un grupo social y económico, lo que tendrá importantes repercusiones sobre la inclusión o exclusión social y económica.
¿Inclusión o exclusión? Con este telón de fondo, el eje de la controversia que enfrenta hoy al Gobierno y a la oposición consiste en consolidar –o no– la unión nacional mediante la incorporación de los excluidos. Este es el meollo del problema político actual. La Argentina tiene excluida o semiexcluida a una parte importante de su población. Frente a esta realidad hay dos posiciones. El establishment considera inaceptable tener que pagar impuestos proporcionados a sus ganancias, que se les ponga límites a sus ingresos rentísticos y a su poder de mercado o que la parte de los asalariados en la distribución del ingreso haya subido del 34 al 43%; y sostiene que el Estado no está para incluir a los excluidos, sino para contenerlos y reprimirlos; y que con el tiempo, la riqueza de los de arriba se derramará sobre los más pobres. El problema para la democracia es que cuando corren riesgo su poder y su dinero, los grupos hegemónicos no tienen límites en la defensa de sus intereses.
Por su parte, el Gobierno aplica una política coherente de inclusión social, educativa, informativa, de infraestructura y política.
La inclusión social significó desde 2003, la incorporación al trabajo de 5 millones de personas, a la jubilación de 2 millones, y a las asignaciones familiares a los 3 millones de hijos de desocupados y trabajadores en negro. El desempleo y el subempleo son todavía elevados (8,4% y 9,1% de la población activa al primer trimestre de 2009) pero son mucho menores que seis años atrás (20,4% y 17,8% respectivamente), y no aumentaron significativamente pese a la crisis internacional. Además, la tasa de trabajadores no registrados disminuyó del 49% al 36%.
El retorno al sistema de jubilaciones de reparto y el establecimiento de la movilidad de los haberes jubilatorios mejoran radicalmente las perspectivas de ingresos reales de los jubilados presentes y futuros, después de décadas de permanente deterioro.
La inclusión educativa se refuerza con la Ley de Financiamiento de la educación, que destina a esos fines el 6% del producto interno bruto; y con el renacimiento de las escuelas técnicas.
La inclusión informativa se implanta con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que rompe el monopolio informativo de la televisión y la radio, y permite la expresión de todas las opiniones. Es una inclusión de doble vía: por una parte se amplía de modo sustancial la posibilidad de que grupos culturales, políticos y sociales instalen radios y televisoras; y por la otra se permite al usuario conocer todos los pareceres frente a cada hecho.
La inclusión por medio de la infraestructura implica la ejecución de obras públicas, en particular en materia vial, de energía, ferroviarias, de vivienda, agua potable y alcantarillado.
Para mejorar la inclusión política, el Gobierno propone un sistema electoral, que hará participar a todos los ciudadanos en las decisiones y candidatos de cada uno de los partidos políticos.
Se trata, como se ve, de medidas estructurales que hacen a la equidad en el acceso a ingresos dignos y a servicios y derechos básicos. No hay una apuesta por un crecimiento económico inequitativo que por sí mismo sacaría a todos de la pobreza por obra y gracia de un chorreo indigno. Los resultados de ese modelo ya lo conocemos: ni equidad ni crecimiento, sino más pobreza y exclusión. Por el contrario, las políticas de integración son esenciales, tanto para hacer viable el crecimiento en el largo plazo como para construir la sociedad que queremos.
En síntesis: el Gobierno lucha para jerarquizar el sistema productivo (con la industrialización y el apoyo a la actividad productiva antes que rentística) y para incorporar a los millones de personas hoy excluidas o integradas a medias. Si se lograra, cambiarán la sociedad y la realidad argentinas, desde su configuración jurídica y política hasta la estructura técnico-económica. Entonces, sí se habrá logrado la unión nacional.
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